viernes, 23 de junio de 2017

Fallo sobre violación del secreto profesional médico

72948/2016 - “C., A. F.. s/ Sobreseimiento y nulidad.” - CNCRIM Y CORREC – SALA I – 29/05/2017

Resultado de imagen para secreto profesional medicoSECRETO PROFESIONAL. Persona autora de un delito que se lesiona mientras lo comete y concurre a un hospital. Relevamiento en tres hospitales cercanos sobre ingreso de personas heridas con arma de fuego. Médico que informa un caso. Juzgado que decreta la nulidad del relevamiento y lo actuado posteriormente. Sobreseimiento del imputado. RECURSO DE APELACIÓN: procedencia. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD que no fue vulnerado. Comunicación del galeno que se limitó a brindar un dato objetivo: avisó del ingreso al Hospital en el que presta servicio, de una persona con herida de arma de fuego, mas no denunció la comisión de un delito ni circunstancia secreta alguna. Hecho que podía afectar la vida o integridad física de la persona del paciente (art 177 inc 2 CPPN y 11 ley 17132 de Ejercicio de la medicina). GARANTÍA CONTRA LA AUTOINCRIMINACIÓN: falta de afectación. Precedente “Gallo”. PRUEBA: medida de prueba idónea. Se revoca la resolución apelada. DISIDENCIA: violación del secreto profesional médico, por haber sido revelado a las autoridades sin justa causa. Se confirma la resolución apelada.

Resumen del fallo:

“(…) el médico tiene por un lado, el deber de abstenerse de revelar un secreto del paciente conocido en razón de su profesión (art. 156 del C.P.N. y 244 del C.P.P.N.) y, por el otro, la obligación de denunciar delitos perseguibles de oficio (art. 177 del digesto ritual).” (Dr. Lucini, según su voto)

“(…) la comunicación realizada por el Dr. ... se limitó a brindar un dato objetivo: avisó del ingreso al Hospital ..., en el que presta servicio, de una persona con herida de arma de fuego, mas no denunció la comisión de un delito ni circunstancia secreta alguna. Es decir, la información aportada por el profesional no excedió aquello que percibió a través de sus sentidos.” (Dr. Lucini, según su voto)

“(...)la investigación que se originara a partir de la noticia dada por el médico desde el establecimiento mencionado no se originó en violación al secreto profesional que debía guardar (art. 156 del C.P.N.).” (Dr. Lucini, según su voto)

“(…) el inicio de esas actuaciones no encuentra objeciones y que la inmediata comunicación del médico a la prevención se practicó en razón de un hecho que podía afectar la vida o integridad física de la persona del paciente, como lo prescribe el art. 177, inciso 2º, del Código Procesal Penal, y el art. 11 de la ley 17.132.” (Dr. Cicciaro , según su voto)

“Como sostiene Soler, la obligación de denunciar existe cuando el socorrido tenga el carácter de víctima (Derecho Penal Argentino, TEA, Buenos Aires, 1978, tomo 4, pp. 132-133).”(Dr. Cicciaro , según su voto)

“Ninguna afectación a la privacidad o intimidad se verifica ...frente al hecho de que la misma fiscalía interviniente hubiera tenido presente el ingreso de una persona baleada y luego enderezara diligencias mediante las cuales se debía determinar si tal persona había sido la misma que protagonizara el evento sufrido por el gendarme ..” (Dr. Cicciaro , según su voto)

“(…) la averiguación en los hospitales de las jurisdicciones cercanas, practicada por la prevención y avalada por la fiscalía, no ha constituido sino una medida idónea –por cierto también lógica- que encuentra amparo en las normas de los arts. 183 y 193 del Código Procesal Penal.” (Dr. Cicciaro , según su voto)

“(…) si el argumento formulado en la instancia anterior se extremara ..., bastaría con que una persona que incursionara en un hecho delictivo concurriera a un hospital – supóngase el caso de una leve lesión, que aun así importa una afectación a la incolumidad del cuerpo o a la “integridad física” en los términos antes aludidos- para neutralizar cualquier actividad perquisitiva dirigida a esclarecer el hecho que ese mismo sujeto protagonizó. Como lo sostuve en “Gallo”, “de otro modo, cualquier autor de un delito que hubiere padecido cierta lesión podría manipular el sistema y preordenadamente especular con su impunidad al autoincriminarse en un hospital. Sólo los incautos, así, quedarían involucrados en un proceso penal”.(Dr. Cicciaro , según su voto)

“la garantía constitucional contra la autoincriminación está dirigida contra los abusos de otras personas y no contra la acción de la naturaleza, las autoagresiones o incluso la fuerza ejercida dentro de la ley por los funcionarios encargados de hacerla cumplir” (considerando 5º del ya citado fallo [Gallo]).” (Dr. Cicciaro , según su voto)

“(…) debe homologarse la decisión cuestionada, puesto que la información que transmitió el Dr. ... debe interpretarse como violatoria del deber de confidencialidad y constitutiva de una divulgación del secreto profesional médico, por haber sido éste revelado a las autoridades sin justa causa, esto es sin que la excepción prevista por el ordenamiento procesal sea aplicable al caso (art. 156 del C.P.N).” (Del voto en disidencia del Dr. Bunge Campos)

Fallo completo:

72948/2016 - “C., A. F.. s/ Sobreseimiento y nulidad.” - CNCRIM Y CORREC – SALA I – 29/05/2017

Buenos Aires, 29 de mayo de 2017.

AUTOS Y VISTOS:

Convoca la atención del tribunal el recurso de apelación interpuesto por el agente fiscal contra la decisión de fs. 87/93, que declaró la nulidad de la medida ordenada a fs. 1 de estos actuados, esto es la solicitud de que se efectuara un relevamiento en tres hospitales públicos de esta ciudad para determinar si habían ingresado heridos de bala, y lo actuado en la investigación fiscal I-DP-70260/16 que condujo a que se dirija imputación a A. F. C. en esta causa y de todo lo actuado en consecuencia -punto I- y, el sobreseimiento del nombrado –punto II- (artículo 336, inciso 4 del Código Procesal Penal de la Nación). A la audiencia que prescribe el art. 454 de dicho código, celebrada el 9 del corriente mes y año, concurrió a expresar agravios el Dr. Mauricio Viera, funcionario del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia. Finalizada su exposición, y luego de la deliberación en los términos establecidos en el artículo 455 del código de forma, la sala se encuentra en condiciones de resolver.-

Y CONSIDERANDO:

Cuestión a resolver:

“Se le atribuye al imputado haber intentado apoderarse -junto a otra persona aún no identificada- y mediante el uso de un arma de fuego, de una motocicleta marca ……., modelo ……, dominio ….., perteneciente a A. E. B.. Así, el día 1 de octubre de 2016, entre las 23:00 y las 23:30 horas aproximadamente, oportunidad en que el damnificado se encontraba circulando a bordo de la motocicleta descripta, detuvo su marcha sobre la intersección de las calles …….. entre las calles …….. y …….. (frente a ……..) de esta ciudad, donde lo esperaba una amiga que se arrimó a la moto a fin de abordarla, y mientras se disponía a colocarse el casco, se le aproximó a bordo de una motocicleta marca …….., modelo …….., que conducía otro sujeto, descendió y le refirió ‘bajate que te quemo, desaparece de acá’, mientras portaba una arma de fuego en una de sus manos que sería de calibre 9 milímetros, que estaría cargada en tanto hizo un movimiento con la corredera hacia atrás. Ante ello, B. descendió de su motocicleta, se identificó como personal de la Gendarmería Nacional Argentina y sacó su arma reglamentaria. Tras ello, C. apuntó a B. con el arma de fuego que portaba, por lo que el damnificado efectuó dos disparos en su dirección, y de su parte se dio a la fuga a pie a través de la calle …….., mientras que el sujeto que conducía la motocicleta se marchó a bordo de la misma”. Valoración.

El juez Luis María Bunge Campos dijo:

Oídos los agravios expuestos por el Sr. fiscal, considero que los fundamentos vertidos en la resolución cuestionada, al que me remito en honor a la brevedad, se encuentran ajustados a derecho y a las constancias obrantes tanto en el presente legajo como en el que corre por cuerda, motivo por el cual la decisión en crisis será confirmada. La decisión de efectuar un relevamiento en tres hospitales públicos para determinar si habían ingresado heridos de bala y, lo actuado en la investigación fiscal que permitió vincular al imputado con el hecho ilícito que damnificara a A. B., debe interpretarse como violatorio del deber de confidencialidad y constitutivo de una divulgación de lo que debió mantenerse en el marco del secreto profesional médico. Así, se evidencia que éste ha sido revelado a las autoridades sin justa causa, en violación al art. 156 del C.P.N. Tal como lo sostuvo la Sra. jueza de grado, por un lado, se vio afectada la garantía que tiene toda persona a no ser obligada a declarar contra sí misma (art. 18, CN), ello en atención a que al prestar declaración testimonial bajo juramento respecto del hecho por el cual se lo acusa, ya lo habían vinculado a la presente investigación y, por el otro, se debe estimar afectado el derecho a la privacidad que tiene toda persona en la relación que lo une con el médico que lo atiende (art. 19, CN). Ahora bien, el artículo 11 de la ley 17.132, que regula el ejercicio de la medicina, establece el principio de que todo aquello que llegare a conocimiento de los médicos en razón de su ejercicio, no podrá darse a conocer sin perjuicio de lo previsto en el Código Penal. En el artículo 156 de dicho cuerpo normativo, se castiga al que teniendo noticias de un secreto en virtud de su profesión, lo divulga sin justa causa pudiendo causar un daño. Por el contrario, el art. 177, inciso 2° del código de forma establece la obligación de denunciar por parte de “los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier rama del arte de curar, en cuanto a los delitos contra la vida y la integridad física que conozcan al prestar los auxilios de su profesión, salvo que los hechos conocidos estén bajo el amparo del secreto profesional”. Lo expuesto evidencia una situación de coexistencia entre el derecho al secreto médico y las normas legales que imponen, en ciertos casos, la obligación del médico de un hospital público de formular la denuncia penal por los hechos que conocieran en virtud de su profesión. Ahora bien, la actuación que permitió vincular a C. a esta pesquisa no puede ser admitida -relevamiento en hospitales y, anoticiamiento del Dr. B. a la prevención-, pues C. no habría concurrido al hospital de no haber tenido la necesidad imperiosa de ser asistido por el estado de salud que padecía –heridas de arma de fuego-, caso contrario incidiría en la libertad de decidir entre su vida o estar sujeto a un proceso penal. Conforme a lo expuesto, es que debe homologarse la decisión cuestionada, puesto que la información que transmitió el Dr. B. debe interpretarse como violatoria del deber de confidencialidad y constitutiva de una divulgación del secreto profesional médico, por haber sido éste revelado a las autoridades sin justa causa, esto es sin que la excepción prevista por el ordenamiento procesal sea aplicable al caso (art. 156 del C.P.N).

Así voto.

El juez Julio Marcelo Lucini dijo:

Los argumentos expuestos por el Sr. fiscal en la audiencia merecen ser atendidos. En ese sentido, el médico tiene por un lado, el deber de abstenerse de revelar un secreto del paciente conocido en razón de su profesión (art. 156 del C.P.N. y 244 del C.P.P.N.) y, por el otro, la obligación de denunciar delitos perseguibles de oficio (art. 177 del digesto ritual). En el caso, la comunicación realizada por el Dr. B. se limitó a brindar un dato objetivo: avisó del ingreso al Hospital ……., en el que presta servicio, de una persona con herida de arma de fuego, mas no denunció la comisión de un delito ni circunstancia secreta alguna. Es decir, la información aportada por el profesional no excedió aquello que percibió a través de sus sentidos. Entonces, la investigación que se originara a partir de la noticia dada por el médico desde el establecimiento mencionado no se originó en violación al secreto profesional que debía guardar (art. 156 del C.P.N.). Por consiguiente, y de conformidad con lo sostenido por el Ministerio Público Fiscal en la audiencia, corresponde revocar el auto apelado, pues la imputación que se le ha dirigido a C. fue iniciada por un acto válido que en modo alguno puede considerarse violatorio de garantía constitucional alguna, por lo que deberá proseguirse con el trámite del proceso, teniéndose en consideración que el imputado ya ha sido legitimado pasivamente a fs. 79/80, el pasado 27 de marzo de 2017.

El juez Juan Esteban Cicciaro dijo:

I. En atención a la existencia de votos encontrados, luego de oír el desarrollo de la audiencia, deliberado con los colegas y sin preguntas que formular, adhiero a la solución propuesta por el juez Lucini. De las actuaciones identificadas como Investigación Fisc-DP- 70260/2016 (Fiscalnet: 106975/2016) surge que la prevención policial –Comisaría 32ª- se desplazó al Hospital ……., el 2 de octubre de 2016, a las 00:10, “por masculino con herida de arma de fuego”, donde en la guardia tomó contacto con el médico W. B., quien aludió al ingreso de A. C. con dos heridas de proyectil de arma de fuego, “sin riesgo de vida”. El preventor Lucas Almirón pudo entrevistar “al damnificado” (así luce a fs. 1 vta.) a la 1:30 de ese día, quien narró haber sido víctima de un robo en la vía pública, ocasión en la que proporcionó detalles del hecho, y a la hermana del nombrado, avisada por personal del hospital, quien desconocía las circunstancias de lo ocurrido. Según la respectiva historia clínica, C. ingresó el 1 de octubre de ese año, a las 23:00 y la convocatoria policial tuvo lugar a las 23:15 de ese día. La primera directiva de la prevención se dirigió a individualizar a los autores del hecho (fs. 3) y en la consulta fechada el 3 de octubre, a las 6:45, practicada a la fiscalía, se aludió a la necesidad de establecer en qué momento podía recibirse la declaración testimonial de C. (fs. 35, en las nuevas actuaciones agregadas), temperamento reiterado al día siguiente (fs. 45). La fiscalía instruyó el sumario en los términos del art. 196 bis del Código Procesal Penal, ello es, un supuesto delictivo con autor desconocido, de lo que se infiere claramente que C. no revestía la condición de imputado sino de damnificado (fs. 21). Justamente, C. prestó declaración testimonial en las actuaciones de prevención el 7 de octubre del pasado año y allí reeditó sustancialmente las circunstancias por las que sufriera un robo, en consonancia con lo que había dicho apenas ingresara al hospital (fs. 47). Tal condición de víctima incluyó la provisión de una orden para que concurriera a la repartición especializada en individualización de personas (fs. 49). A su vez, de la causa Nº 72948/2016 (Fiscalnet n.º 106.967/2016) se desprende que la prevención policial dio comienzo el 2 de octubre de 2016, a las 2:32, y que el cabo primero A. E. B., de la Gendarmería Nacional, cuando se encontraba con su amiga C. N. C., dijo haber sufrido un robo armado entre las 23:00 y 23:30 del 1 de octubre, que lo obligó a extraer su arma reglamentaria y a disparar hacia uno de los autores, que salió corriendo (fs. 11/12), versión que aquélla ratificó (fs. 26). La Comisaría 34ª cursó oficios a varios hospitales (fs. 8/10) y así se tomó conocimiento del ingreso al Hospital …… de un sujeto que había recibido dos disparos (fs. 13 y 20). En la consulta practicada al juzgado interviniente, a las 10:20 del 2 de octubre de 2016, se decidió no adoptar ningún temperamento con tal persona y que la fiscalía continuara instruyendo el sumario (fs. 22), lo que permite colegir que en este legajo C. tampoco revestía la calidad de imputado y que la actuación de la fiscalía se ordenaba a lo dispuesto en el art. 196 bis del canon ritual, de lo que el Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento (fs. 23). En la ampliación documentada por la fiscalía a fs. 33, B. aclaró que suponía que su atacante había recibido los impactos de proyectil del arma que el declarante utilizó, pues se encontraban a corta distancia –dos o tres metros-. Recién el 24 de noviembre último, sobre la base de las dos actuaciones sumariales reseñadas y la correspondencia al calibre 9 mm., del proyectil desprendido de las prendas de C. al tiempo de su intervención quirúrgica –munición análoga a la utilizada por el gendarme B.- aun cuando la fiscalía describió que en el hecho intervinieron “dos masculinos cuya identidad por el momento se desconoce”, solicitó la realización de una diligencia en rueda de personas en aras de establecer si C. había participado del suceso denunciado por B. (fs. 53/54). El 15 de diciembre de 2016 el juzgado actuante entendió que se había formulado una imputación, mudó el régimen otrora aplicado (art. 196 quater del Código Procesal Penal) y ordenó la realización de una rueda de reconocimiento (fs. 55), que se concretó el 2 de febrero de 2017 y que arrojó resultado positivo en la persona de C. (fs. 64). Ello motivó su llamado a prestar declaración indagatoria (fs. 65), diligencia en la que el imputado se negara a declarar (fs. 79), tras lo cual se decretó la nulidad de la medida ordenada a fs. 1, en cuanto se dispuso relevar en tres hospitales el ingreso de heridos de bala, lo actuado en la investigación I-DP-70260/16, que condujo a la imputación en la causa Nº 72.948/2016, lo actuado en consecuencia y el sobreseimiento de C., en los términos del art. 336, inciso 4º, del código adjetivo, solución apelada por la fiscalía y que concita la atención de esta Sala.

II. El auto apelado ha fundado el análisis en la perspectiva constitucional relativa a la afectación de los derechos a la intimidad y privacidad por violación del secreto profesional médico y a la veda de la autoincriminación forzada. No puede negarse que el caso evoca aquellos supuestos harto tratados por la doctrina y la jurisprudencia en los que concurre a la atención médica una abortante (hipótesis del pronunciamiento plenario de esta Cámara en “Natividad Frías” y de la Sala VII, que he integrado, en “Gallo”, causa Nº 30.739, del 17-4-2005) o de quien oculta en su vía digestiva estupefacientes para su transporte (casos de la Corte Federal fallados en “Zambrana Daza” –Fallos: 320:1717- y “Baldivieso” –Fallos: 333:405-). En torno a ello, ampliamente me he pronunciado en el caso “Gallo”, en sentido análogo al citado “Zambrana Daza”. Aun así, las constancias del caso evidencian un supuesto fáctico distinto, pues en modo alguno el médico interviniente manifestó que C. hubiera cometido un delito y, por el contrario, de las actuaciones policiales se desprende claramente que ante la prevención –no ante el facultativo-, aquél suministró un relato que se compadecía con su condición de damnificado. De ello se extrae que el inicio de esas actuaciones no encuentra objeciones y que la inmediata comunicación del médico a la prevención se practicó en razón de un hecho que podía afectar la vida o integridad física de la persona del paciente, como lo prescribe el art. 177, inciso 2º, del Código Procesal Penal, y el art. 11 de la ley 17.132. Además, el supuesto en estudio, diferente al que dio lugar a los casos de aborto y tráfico de estupefacientes, según lo aludido, ha sido abordado por la doctrina, en tanto se ha sostenido que “toda persona que profesando el arte de curar haya concurrido a la asistencia de un individuo víctima de un envenenamiento o de algún otro grave atentado personal, debe denunciar la existencia del hecho a la autoridad competente…” (Molinario, Alfredo, Los delitos, texto preparado y actualizado por Eduardo Aguirre Obarrio, TEA, Buenos Aires, 1996, tomo II, pp. 136-137). Como sostiene Soler, la obligación de denunciar existe cuando el socorrido tenga el carácter de víctima (Derecho Penal Argentino, TEA, Buenos Aires, 1978, tomo 4, pp. 132-133). Tal es la situación que se verificó durante un prolongado lapso en las actuaciones aludidas, en las que C. inclusive declaró como damnificado. Por el contrario, del propio texto del fallo “Baldivieso” se extrae que “el núcleo del agravio consiste en que no puede utilizarse la información aportada por el imputado al concurrir a un hospital público y revelar, directa o indirectamente, su conducta anterior ilícita” (dictamen del Procurador General, al que se remitió el voto mayoritario). Ninguna conducta que lo incriminara reveló C.. Es más, su versión de lo ocurrido, en verdad, resultaba perfectamente plausible. Siquiera el médico que diera aviso a la policía dio cuenta de un relato distinto. Sólo la diligente actividad investigativa de la fiscalía permitió esclarecer lo sucedido. Como puede verse, ninguna confidencia violada surge de lo actuado, máxime al advertirse que C. ingresó a las 23:00 del 1 de octubre de 2016 y a los quince minutos se avisó a la policía, lo que permite inferir que, en todo caso, la obligada comunicación tuvo el sustento de la versión del causante. En ese sentido, descartar tal comunicación en supuestos como el aquí tratado o pretender neutralizar la realización de averiguaciones en hospitales cercanos para quien se encontraba obligado a esclarecer el hecho sufrido por B., importa una demasía en el tratamiento de las normas de superior rango y legales involucradas, además de recordar la existencia de casos en los que, aun bajo el secreto médico, existe obligación de denunciar (ver en tal sentido mi voto en el caso “Gallo”, los supuestos reportados por la juez Argibay en “Baldivieso” – considerando 8º de su voto- y el particular caso del art. 24, inciso “e”, de la ley 26.485, en el que, en abstracto, el hecho podría revestir menor entidad punitiva que lo ventilado en autos). Ninguna afectación a la privacidad o intimidad se verifica, entonces, frente al hecho de que la misma fiscalía interviniente hubiera tenido presente el ingreso de una persona baleada y luego enderezara diligencias mediante las cuales se debía determinar si tal persona había sido la misma que protagonizara el evento sufrido por el gendarme B.. Al cabo, la averiguación en los hospitales de las jurisdicciones cercanas, practicada por la prevención y avalada por la fiscalía, no ha constituido sino una medida idónea –por cierto también lógica- que encuentra amparo en las normas de los arts. 183 y 193 del Código Procesal Penal. Tal directiva, a su vez, permite diferenciar el caso de aquellos supuestos tratados en “Natividad Frías” y “Baldivieso”, pues en estos, de suyo, la prevención policial no tenía conocimiento del hecho delictivo concretado antes del ingreso al hospital. Precisamente, la juez Arbigay ha objetado “la extensión de esos argumentos generales [los de la mayoría en “Natividad Frías”] a procesos en los que se investigan otros delitos cuya criminalización por la ley no está rodeada de similares reservas y por consiguiente tampoco han sido objeto de tan intenso debate social como el provocado por la penalización del aborto” (considerando 4º de su voto en “Baldivieso”). Ello con mayor razón, cuando ha descartado cualquier afectación al art. 19 de la Constitución Nacional, pues en todo caso “la consulta médica se produjo en el curso de una acción delictiva cuya aptitud para perjuicar a terceros no ha sido puesta en tela de juicio…no hay modo de reputar inofensiva la conducta de Baldivieso…el artículo 19 de la Constitución Nacional no otorga inmunidad contra la interferencia estatal respecto de acciones delictivas, aun cuando incluya en su desarrollo la consulta a un médico” (considerando 6º). Por otro lado, debe descartarse cualquier afectación a la garantía que proscribe la autoincriminación forzada (art. 18 de la Constitución Nacional). Sin perjuicio de las extensas puntualizaciones que he formulado en el precedente “Gallo”, en cuanto a que siquiera en los casos donde el concurrente al hospital en rigor vierte una “declaración” en los términos de tal norma de rango superior, cabe evocar nuevamente a la juez Argibay en el caso “Baldivieso”, en torno a que en tal situación no se encontraba comprometida la garantía, ocasión en la que, inclusive, sostuvo que “la utilización como prueba de cargo de aquellos materiales obtenidos legítimamente por el médico que atiende al imputado no implica que el acusado haya sido obligado a declarar contra sí mismo…”. Esto, en el sub examine, a propósito del proyectil que cayera de las ropas de C. antes de su intervención quirúrgica y la prueba pericial que tuvo en cuenta la fiscalía para concretar el pedido de formación de una rueda de personas. Por lo demás, si el argumento formulado en la instancia anterior se extremara (ver fs. 90), bastaría con que una persona que incursionara en un hecho delictivo concurriera a un hospital – supóngase el caso de una leve lesión, que aun así importa una afectación a la incolumidad del cuerpo o a la “integridad física” en los términos antes aludidos- para neutralizar cualquier actividad perquisitiva dirigida a esclarecer el hecho que ese mismo sujeto protagonizó. Como lo sostuve en “Gallo”, “de otro modo, cualquier autor de un delito que hubiere padecido cierta lesión podría manipular el sistema y preordenadamente especular con su impunidad al autoincriminarse en un hospital. Sólo los incautos, así, quedarían involucrados en un proceso penal”. El agravio volcado por la fiscalía al apelar, en ese mismo sentido, es pertinente (fs. 95), como lo es la también la fundamentación suministrada por la fiscalía general en la audiencia oral, cuando imaginó el “buen consejo” que podía dar un defensor para que cualquier herido que incursionara en un delito concurriera a un hospital en aras de obtener su impunidad. Debe evocarse también aquí a la juez Arbigay, porque “la garantía constitucional contra la autoincriminación está dirigida contra los abusos de otras personas y no contra la acción de la naturaleza, las autoagresiones o incluso la fuerza ejercida dentro de la ley por los funcionarios encargados de hacerla cumplir” (considerando 5º del ya citado fallo). Finalmente, además de compartir lo apuntado por el Ministerio Público Fiscal, en cuanto a que se han nulificado actuaciones en las que intervenía otro juzgado y no el a quo –las sustanciadas con motivo del ingreso al hospital- observo que no puede reputarse de nula la declaración de C. que obra a fs. 47 del legajo I-DP-70260, como se afirma en la resolución apelada, puesto que en aquella instancia, según se reseñó, la hipótesis que se concebía transitaba por haber sido víctima de un delito y en rigor fue reconocido en fila de personas varios meses después. Otra cuestión podrá configurarse en torno a qué efectos pudiere tener tal declaración testimonial en este sumario y a la circunstancia de que no se aprecia en la declaración indagatoria que corre a fs. 79/80 que C. hubiera sido relevado del juramento de decir verdad prestado en aquella declaración testimonial, lo que sugiere, en su caso, la ampliación de tal acto a ese fin.

Voto entonces por revocar lo resuelto.

En consecuencia, el tribunal RESUELVE:

REVOCAR la resolución de fs. 87/93, en todo cuanto ha sido materia de recurso (art. 455, CPPN).

Se deja constancia de que el juez Jorge Luis Rimondi no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia, mientras el juez Julio Marcelo Lucini lo hace por subrogar la Vocalía n° 4 de esta Sala, y el juez Juan Esteban Cicciaro interviene de acuerdo con lo dispuesto en el art. 36 inc. b del RJCCC. Regístrese, y notifíquese a las partes mediante cédula electrónica y, fecho, devuélvase al juzgado de origen, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo. Luis María Bunge Campos - Julio Marcelo Lucini - Juan Esteban Cicciaro

Ante mí: María Inés Sosa. Secretaria de Cámara

Fuente: elDial.com

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

jueves, 22 de junio de 2017

Más atención al prequirúrgico

La Cámara Civil condenó a un médico a indemnizar a los familiares de una paciente que falleció por cáncer de ovario. Los jueces consideraron que los estudios prequirúrgicos fueron “insuficientes”, ya que el facultativo no removió ambos ovarios, lo que pudo haber incidido en la progresión de la enfermedad.

Médico hospital En los autos “S., L. A. c/ M., M. G. y Otro s/daños y perjuicios - Resp. Prof. Médicos y Aux.”, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó el fallo de grado que condenó a un médico a indemnizar a los familiares de una paciente que falleció por cáncer de ovario.

De acuerdo al expediente, la actora era atendida por el demandado, quien determinó la existencia de un quiste localizado en el ovario derecho. El facultativo le sugirió la realización de una intervención quirúrgica, pero luego de la operación, el profesional advirtió la presencia de cáncer en su ovario izquierdo.

La paciente imputó responsabilidad por la enfermedad que padecía al médico demandado, argumentando la “falta de indicación de estudios prequirúrgicos de mayor complejidad, la no realización de biopsia preoperatoria por congelación de los blastomas o tumores anexiales sospechosos de malignidad a lo que adicionó el inapropiado tratamiento quirúrgico con inobservancia de las reglas técnicas aconsejables o desconocimiento de los principios de la ciencia y del arte de curar”.

En este escenario, la Cámara de Apelaciones destacó que “el éxito final de un tratamiento o de una operación no dependen enteramente del profesional, sino que a veces se ve influenciado por factores ajenos a él, como son el riesgo quirúrgico, el adelanto de la ciencia, u otras circunstancias imposibles de controlar”.

Puntualmente, el Tribunal citó el informe del perito médico el cual estableció que “los estudios realizados fueron insuficientes al momento de la realización de la operación”, y consideró que un “estudio más pormenorizado de la paciente antes del acto quirúrgico pudo haber alertado sobre lo que estaba pasando en el ovario contralateral”.

El perito sostuvo que la “aparición de un cáncer nueve meses después de la operación hace pensar que la paciente tenía un cáncer en el ovario izquierdo en el momento de la cirugía que no fue diagnosticado, encontrándose el mismo en un estadio más temprano”, y añadió: “La no remoción del ovario izquierdo –restante- pudo haber incidido en la progresión de la enfermedad”.

Al respecto, los vocales manifestaron que “la realización de estos exámenes prequirúrgicos tiene, entre otras finalidades, determinar el campo de acción del cirujano en general de modo que de los datos objetivos que de ellos resulten le permitan, dentro de la discrecionalidad propia del arte de curar, direccionar su labor para evitar daños a la paciente”.

“Entre la no ejecución de lo prometido y la aparición de los primeros síntomas existió un breve lapso -unos nueve meses según el cálculo del perito- con lo cual se acentúa la relación causal entre lo no cumplido -la exéresis del ovario izquierdo- y las consecuencias, finalmente fatales, sufridas por la paciente”, concluyó el Tribunal al confirmar la condena.

Fuente: Diario Judicial - Fallo completo

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miércoles, 21 de junio de 2017

San Juan: se regula el funcionamiento de las casas de óptica

LEY 1.589 - Poder Legislativo de la Provincia de San Juan

SAN JUAN, 11 de Mayo de 2017 
Boletín Oficial, 1 de Junio de 2017

FUNCIONAMIENTO DE LAS CASAS DE ÓPTICAS
TÍTULO I - TÉCNICOS ÓPTICOS Y CASAS DE ÓPTICA 

CAPÍTULO I

Resultado de imagen para casas de optica anteojosARTÍCULO 1°.- Las casas de óptica a las que se refiere la presente Ley, deben contar con un técnico óptico. Éste es el único profesional habilitado y responsable de la interpretación, ejecución correcta y exacta de toda receta oftálmica, calidad de los cristales empleados, de la perfecta adaptación final de todo tipo de anteojos, de la exhibición y expendio de anteojos, cristales correctores y todo otro elemento destinado a interponerse en el campo del órgano visual o a proteger el mismo.
ARTÍCULO 2°.- Es autoridad de aplicación de la presente Ley el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de San Juan o el organismo que aquel designe.
ARTÍCULO 3°.- A los fines de ejercer la profesión en todo el territorio de la Provincia, deben inscribirse en el Ministerio de Salud Pública:
a) los técnicos ópticos con títulos expedidos por universidades nacionales públicas o privadas;
b) los ópticos con títulos extranjeros revalidados en el país.
ARTÍCULO 4°.- Los ópticos titulares son aquellos profesionales ópticos que están obligados a dirigir permanentemente el establecimiento a su cargo y a controlar el despacho de lentes y prescripciones médicas durante todas las horas en que tal servicio este librado al público.
ARTÍCULO 5°.- Los ópticos adscriptos son aquellos profesionales ópticos que integran el personal técnico de una óptica como colaboradores del titular.
ARTÍCULO 6°.- Cuando en una casa de óptica hubiere más de un técnico óptico inscripto, uno de ellos ejercerá la dirección técnica como técnico titular, y el otro u otros como ópticos adscriptos. En caso de ausencia transitoria del titular, automáticamente asumirá la dirección técnica uno de los adscriptos sin necesidad de comunicar previamente al Ministerio de Salud. En caso de desvinculación permanente del técnico titular será obligatoria la comunicación a la autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 7°.- Cuando el establecimiento no contare con óptico adscripto y ante la ausencia del titular por menos de veinticuatro (24) horas, el óptico deberá consignarlo con su firma en el libro recetario, con indicación de fecha y hora de su partida y su regreso. Si la ausencia fuere mayor de veinticuatro (24) horas el titular será reemplazado por un óptico, previa notificación a la autoridad pertinente, el que cumplirá mientras dure la ausencia las mismas funciones que el óptico titular con iguales obligaciones y responsabilidades.

CAPÍTULO II- LENTES DE CONTACTO

ARTÍCULO 8°.- El técnico óptico contactólogo, podrá ejercer simultáneamente la regencia de una casa de óptica y de un gabinete de lentes de contacto, siempre que ambos funcionen integrados en un ámbito físico único, a condición de que tengan divisiones independientes o separadas.
ARTÍCULO 9°.- El ejercicio de las actividades del técnico óptico y contactólogo es exclusivo y excluyente. Los profesionales de otras ramas, tales como, médicos, bioquímicos, odontólogos, farmacéuticos que también posean el título de técnico óptico y contactólogo, y deseen dedicarse al comercio de óptica, talleres ópticos independientes, depósito de productos ópticos, gabinete de lentes de contacto y prótesis oculares, deben formular expresa declaración de la actividad elegida ante el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a los fines de la expedición de la pertinente habilitación, no pudiendo ejercer ambas simultáneamente.
ARTÍCULO 10°.- El técnico óptico no podrá realizar actos o prácticas sobre el órgano de la visión de pacientes que impliquen un examen con fines de diagnóstico o tratamiento.

CAPÍTULO III- LAS CASAS DE ÓPTICAS

ARTÍCULO 11°.- Las casas de óptica u ópticas, son los únicos establecimientos habilitados para la comercialización de anteojos, correctores, protectores, filtrantes, anteojos de uso industrial, con cristales simples, neutros y de color, para protección solar, lentes de contacto, prótesis oculares o productos oftálmicos de cualquier índole, y todo otro elemento que tiene por fin interponerse en el campo visual, para protección de los ojos o corrección de vicios. Queda prohibida la venta domiciliaria, en la vía pública, o por catálogo.
ARTÍCULO 12°.- Las casas de óptica deben inscribirse y ser habilitadas por la autoridad de aplicación. A tal fin, sus titulares deben presentar la solicitud correspondiente, la que tiene el carácter de declaración jurada, en la que hacen expreso manifiesto de cumplir con la normativa vigente, consignando:
a) denominación del establecimiento;
b) denominación de la razón social;
c) domicilio;
d) plano descriptor del local, indicando medida y destino de cada una de las dependencias, confeccionado por arquitecto;
e) exhibir la habilitación de Salud Pública para funcionar.
f) nombre, apellido y demás datos personales, y comerciales del o de los propietarios;
g) si fuere razón social, nombre, apellido y datos personales de los socios o del directorio;
h) nombre, apellido y datos personales de o de los técnicos ópticos y contactólogos, matriculados en el Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan, número de matrícula profesional, declaración jurada de domicilio, cartilla sanitaria y certificado de antecedentes de los mismos;
i) exhibir el o los diplomas de los técnicos ópticos y contactólogos responsables en un lugar destacado;
j) libro recetario actualizado, o legajos de las recetas con antigüedad de dos (2) años, el que podrá ser llevado por medios informáticos, y debe estar siempre en el local comercial;
k) demás requisitos que por reglamentación se establezca.
ARTÍCULO 13°.- Toda casa de óptica debe disponer por lo menos de una sección de despacho al público y otra destinada al taller. Ambas secciones deberán ser independientes ventiladas y con iluminación natural o artificial, los pisos y paredes lisos y pulidos.
ARTÍCULO 14°.- En las casas de ópticas cuando tuviere como anexo otra actividad, la óptica debe ser su actividad principal.
ARTÍCULO 15°.- Los rubros anexos permitidos a las casas de ópticas son: fotografía, cine, geodofía, dibujo, ingeniería, física, química, aparatos para uso oftalmológico, ortopedia ocular, todo lo relacionado con instrumental médico y de óptica no especificado, siempre que cualquiera de esos anexos esté perfectamente separado de la sección óptica.
ARTÍCULO 16°.- Las casas de ópticas deben poseer los siguientes elementos útiles y aparatos de control a efectos de poder desarrollar su actividad. Los cuales serán: frontofocómetro, manual o electrónico; esferómetro; reglilla pupilométrica o interpupilométro; calefactor, muestrario de colores de cristales minerales y orgánicos, elementos para la limpieza de anteojos, cartilla de prueba para visión cercana, mostrador, espejo para mostrador adecuado y en buenas condiciones, pinzas de adaptación, iluminación adecuada, armazones para recetar en sus distintos tipos con diversidad de medidas, calibres y puentes.
ARTÍCULO 17°.- Todo tipo de cristales de uso oftálmico o que se emplearen para la confección de anteojos deben ajustarse a los siguientes requisitos de calidad:
a) estar libres de impurezas, burbujas, tensiones, estrías y cualquier otro defecto;
b) las tolerancias admitidas en efecto prismático para lentes neutros filtrantes o protectores son: 1/16 de dioptría para los tallados y 1/8 de dioptría para los fundidos;
c) las tolerancias de refracción en cristales neutros filtrantes o protectores serán: tallados 1/8 de dioptría y fundidos 'A de dioptría. Las tolerancias de refracción en cristales correctores serán hasta de 2,00 D 1/16 de D, hasta 6,00 D A de D;
d) los cristales neutros filtrantes o protectores, curvados o soplados llamados coquillas orgánicos o inorgánicos, no deberán ser de una curva mayor de 6,00 D.
ARTÍCULO 18°.- Queda prohibido en el local donde funcione la óptica:
a) la existencia de todos aquellos elementos que puedan emplearse para prescribir anteojos correctores, tales como montura de prueba, tablas optométricas, oftálmetro, etc., como asimismo de cámaras oscuras o habitaciones destinadas a ese efecto;
b) la tenencia de cualquier tipo de anteojos correctores que no estén acompañados de la respectiva receta médica, con excepción de los que hubieran sido entregados para composturas en cuyo caso sólo se justificará su tenencia mediante exhibición de los elementos a reparar o componer;
c) prescribir o elaborar sustancias químicas de acción terapéutica en los órganos visuales;
d) la preparación sin prescripción médica, de lentes para la corrección de vicios de refracción, anomalías o defectos del órgano visual. Se exceptúa de lo dispuesto en el presente inciso la reposición de cristales deteriorados, cuando el estado de los lentes permite conocer el valor dióptrico, la posición de los ojos y demás características técnicas de los mismos.
ARTÍCULO 19°.- No podrán funcionar casas de ópticas, gabinetes de lentes de contacto y prótesis oculares, de terceros permisionarios dentro de los establecimientos de obras sociales nacionales, provinciales y privadas, consultorios médicos, sanatorios, clínicas, hospitales, mutuales y toda otra asociación similar. Tampoco pueden funcionar como anexos o dependientes de las mismas.
ARTÍCULO 20°.- Toda casa de óptica debe asentar en el libro recetario, o legajos de las recetas o medios informáticos, el que debe estar rubricado y autorizado por la autoridad de aplicación, todas las recetas que confeccionen, se debe devolver la receta al interesado con el sello del establecimiento, nombre y firma del óptico titular o del adscripto que lo reemplace.
Cuando el establecimiento se dedique a la confección de lentes de contacto o prótesis oculares, se llevará un libro recetario especial para cada caso.
ARTÍCULO 21°.- Los libros recetarios serán puestos a disposición de la autoridad de aplicación y exhibidos a la misma, cada vez que ésta lo requiera a fin de demostrar que su preparación responde a una prescripción médica o cargados al sistema de registro que establezca el Ministerio de Salud Pública o quien este designe.

TÍTULO II - DE LOS GABINETES PARA LENTES DE CONTACTO OCULARES

CAPÍTULO I 

ARTÍCULO 22°.- Las casas que se dediquen a la preparación y adaptación de lentes de contacto contarán con un director con certificado habilitante, expedido por instituciones privadas o públicas, habilitadas por
el Ministerio de Salud Pública, y aceptado e inscripto en ese Ministerio, sin cuya autorización no podrá funcionar.
ARTÍCULO 23°.- Los locales deben contar con dos ambientes, sala de espera y sala de adaptación.
ARTÍCULO 24°.- Queda prohibido en el local donde funcione una casa de óptica con sección de lentes de contacto:
a) prescribir, tener y dispensar onerosas o gratuitamente, especialidades medicinales, cualquier fuese su fórmula. Sólo podrán utilizarse o despacharse las soluciones de limpieza y conservación de los lentes de contacto;
b) en ningún caso el óptico técnico o contactólogo podrá despachar lentes de contacto sin la debida prescripción médica. En esa prescripción el médico hará constar los siguientes datos: radio curvatura, diámetro corneano, corrección óptica, refracción total y agudeza visual.
ARTÍCULO 25°.- Los gabinetes de contactología y adaptación de prótesis oculares que funcionen independientemente de la casa de óptica en un mismo edificio, deberán desarrollar su actividad en forma exclusiva para cada rubro por separado y siempre en lugar que indique los carteles anunciadores.
ARTÍCULO 26°.- Todo gabinete de contactología deberá poseer el libro recetario actualizado o legajo de las recetas con antigüedad de dos (2) años, el que podrá ser llevado por medios informáticos, y deberá estar siempre en el local comercial.
ARTÍCULO 27°.- Todo gabinete de contactología deberá ser supervisado por un contactólogo matriculado por la autoridad de aplicación.

TÍTULO III - DEL CONTACTÓLOGO

ARTÍCULO 28°.- Para ejercer la actividad de contactólogo se debe cumplir con los siguientes requisitos específicos:
a) título de técnico contactólogo expedido por universidad nacional pública o privada;
b) estar matriculado por la autoridad de aplicación de la presente ley;
c) constituir domicilio especial.
ARTÍCULO 29°.- El contactólogo no podrá realizar la adaptación de lentes de contacto o prótesis oculares, sin la prescripción médica correspondiente.
ARTÍCULO 30°.- El contactólogo tomará razón y devolverá al paciente, la receta especializada oftalmológica, debidamente firmada y sellada por la casa ejecutora del trabajo una vez realizado el mismo, dejando las constancias respectivas en el libro recetario. En la receta especializada oftalmológica deberá constar específicamente la aclaración "para lentes de contacto".
ARTÍCULO 31°.- El contactólogo debe tener a cargo únicamente sólo un gabinete de lentes de contacto, entendiéndose por tal todos los que funcionen dentro del mismo establecimiento.

TÍTULO IV - DE LOS TALLERES ÓPTICOS INDEPENDIENTES

ARTÍCULO 32°.- Los talleres ópticos independientes que realicen trabajos de óptica, ya sean de superficie o de banco, separados o conjuntamente, deberán ajustarse a los siguientes requisitos mínimos:
a) contar con un técnico óptico responsable matriculado por la autoridad de aplicación;
b) inscripción y habilitación del establecimiento;
c) el local deberá reunir las condiciones que exijan las disposiciones legales vigentes.
ARTÍCULO 33°.- Los talleres ópticos independientes, sólo podrán realizar los trabajos por encargo de casas de ópticas habilitadas.
ARTÍCULO 34°.- Los talleres independientes de armados de anteojos, deberán disponer de los elementos mínimos que establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 35°.- Los talleres ópticos independientes, no podrán realizar ventas directas al público, ya sea preparación de recetas médicas, anteojos neutros de color o cualquier otro tipo de lentes que deban aplicar directamente al usuario.

TÍTULO V - PENALIDADES

ARTÍCULO 36°.- Las casas de ópticas, talleres, depósitos y mayoristas que infrinjan disposiciones de la presente ley, serán pasibles de la aplicación de sanciones contravencionales que en cada caso se indican en la Ley Provincial N.° 941-R (Código de Faltas de la Provincia de San Juan) y en lo dispuesto en la reglamentación de la presente ley.
ARTÍCULO 37°.- Todo técnico óptico o contactólogo que cometa una transgresión a las presentes prescripciones se hará pasible de la sanción de suspensión temporaria en el ejercicio de su profesión.
ARTÍCULO 38°.- Deróguese la Ley Provincial N.° 1124- J y el Decreto 2251-G-86
ARTÍCULO 39°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Firmantes
Marcelo Jorge Lima Vicegobernador de San Juan y Presidente Nato de la Cámara de Diputados- Mario Alberto Herrero Secretario Legislativo

lunes, 19 de junio de 2017

Para bajar costos, países del Mercosur trabajarán en la compra conjunta de medicamentos

Permitirá un "importante ahorro" para cada integrante del bloque comercial, ya que los reconocen como uno de los pilares de la atención primaria de la salud.

Los países del Mercosur se pronunciaron este viernes a favor de trabajar en la compra conjunta de medicamentos, en especial los oncólógicos, los del VIH o contra la hepatitis C, como una forma de abaratar sus costos y permitir un "importante ahorro" para cada integrante del bloque comercial, ya que los reconocen como uno de los pilares de la atención primaria de la salud.

El pronunciamiento se realizó durante la reunión efectuada con todos los ministros de Salud del Mercosur en Cancillería, en donde los integrantes manifestaron las enormes ventajas de negociar en forma conjunta y, a modo de ejemplo, el ministro de Salud de Brasil, Ricardo Barros, estimó que el margen de ahorro podría llegar entre un 70 y un 80 por ciento del costo total.

El ministro de Salud, Jorge Lemus, indicó que el objetivo es hacer un listado de medicamentos que tienen "ventajas estratégicas en la compra conjunta con un ahorro importante", como son los oncológicos o los utilizados en pacientes con VIH o hepatitis C.

"Estamos avanzando en la compra conjunta de medicamentos de alto costo desde hace un tiempo largo y ya están los primeros resultados; es muy importante para nuestros países porque el precio de los remedios es un componente esencial en la cobertura de la salud", comentó en conferencia de prensa el ministro Lemus.

En la reunión estuvieron los ministros de Salud Brasil, Ricardo Barros; Paraguay, Antonio Carlos Barrios Fernández; Uruguay, Jorge Basso Garrido, y el representante de Salud de Chile, país asociado del Mercosur, Tito Bizarro Quevedo.

En un documento conjunto, los ministros subrayaron la necesidad de “seguir fortaleciendo el acceso a los medicamentos genéricos y bioterapéuticos similares, de calidad, seguros y eficaces”, al tiempo que destacaron “la importancia de priorizar la salud pública en las negociaciones de acuerdos de libre comercio".

Lemus comentó que están escuchando las experiencias de otros países que implementaron este tipo de acuerdos, "sobre todo de Brasil", y aclaró que si bien todavía no se puede hablar "de un porcentaje de ahorro global, sí vamos ahorrando en la compra de cada uno de ellos".

El ministro destacó, además, que "debemos lograr la adquisición a precios accesibles para nuestros pueblos ya que para no dejar a nadie atrás tenemos que ser muy cuidadosos con los recursos que sabemos no son infinitos. Estamos mancomunados para enfrentar los desafíos comunes con nuestro máximo objetivo: la salud de la población”.

Barros, aseguró que la experiencia de compra conjunta les permitió ahorrar 33 por ciento y, agregó, que representa "una gran batalla si se unen otros países".

También detalló que este tipo de compras permite "transferir tecnología para que Brasil produzca esos medicamentos a futuro".

"El margen de ahorro que podría producir la compra conjunta es significativo ya que en negociaciones conjuntas de productos patentados podemos conseguir descuentos que puede llegar a un 70 u 80 por ciento”, afirmó Barros.

El representante de Chile, Tito Pizarro Quevedo, manifestó que su país "fue beneficiado en compras conjuntas por tema VIH a través de las cuales la población chilena se beneficia con precios justos. Esta reunión es muy importante para la búsqueda de acuerdos de presupuestos accesibles para nuestra población”.

La declaración conjunta de los ministros reconoce al suministro de medicamentos esenciales como uno de los pilares de la atención primaria de la salud y, siguiendo resoluciones internacionales, manifiesta la responsabilidad de los Estados para garantizar el más alto nivel posible de salud a partir del acceso a medicamentos asequibles, seguros, eficaces y de calidad.

"Más allá de las particularidades y las contingencias de cada uno de nuestros países, tenemos una serie de desafíos comunes que lograremos si somos capaces de consolidar un mecanismo eficiente de intercambio de experiencias en beneficio de la población”, dijo a su turno el ministro uruguayo, Basso Garrido.

En otro tramo de la conferencia, el ministro Lemus adelantó que los países trabajan en informes regionales sobre las enfermedades transmitidas por los mosquitos -como el dengue, zika y chikungunya-.

Además, se mostró optimista en cuanto a una mejora en los índices de contagio del virus zika (ZIKV) con respecto al año pasado, ya que este año se redujeron a 200 los casos que el año pasado habían llegado a 47.000.

Fuente: Télam