jueves, 16 de noviembre de 2017

Laboratorios nacionales contra la extensión de patentes por el acuerdo Unión Europea-Mercosur

El convenio comercial bilateral se podría firmar en diciembre próximo, pese a los reparos puestos por toda la industria manufacturera. En un encuentro en el Senado, la cámara CILFA alertó sobre el impacto en el mercado interno. “Las empresas nacionales no podrían ofrecer medicamentos a precios más reducidos”, aseguraron.

Desde hace un par de meses, representantes de la Unión Europea y el Mercosur negocian a puerta cerrada un acuerdo comercial bilateral, que si bien es una meta de algunos sectores de la economía se potenció cuando Mauricio Macri llegó al poder en la Argentina y Michel Temer asumió en Brasil. Este fin de semana, en la capital Brasilia, hubo un nuevo encuentro, que según todas las informaciones terminaron sin mayores resultados, en medio de una tensa negociación que hoy están estancadas. Sin embargo, la posibilidad de firmar un convenio preocupa a los sectores nacionales de la industria, incluyendo los laboratorios productores de medicamentos. Este martes, en un encuentro realizado en el Senado, la cámara que los nuclea planteó especialmente el impacto de un posible acuerdo en el tema patentes. Según sus dichos, si se llega a un acuerdo se podrían extender los planteos de exclusividad, perjudicando la producción de genéricos y fármacos en el país.

Los reparos puestos por los laboratorios de bandera nacional a un acuerdo con la Unión Europea fueron expuestos en un encuentro conjunto de las comisiones de Ciencia y Tecnología y de industria y Comercio del Senado, convocado ayer martes para exponer sobre la temática. Allí, desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) expresaron sus dudas respecto a este tipo de convenios bilaterales, ya que podría extender el derecho de patentes de los laboratorios multinacionales, perjudicando a la industria farmacéutica nacional. “Dentro de los planteos de la Unión Europea está la extensión de las patentes de 20 a 25 años. Esto implica el freno en el vencimiento para muchas patentes, con lo cual las empresas nacionales no podrían ofrecer medicamentos a precios más reducidos porque las patentes mantendrían su posición monopólica”, expuso Mariano Genovesi, gerente de asuntos jurídicos de CILFA.

En su presentación, los laboratorios nacionales se quejaron que no se haya realizado un estudio de impacto sobre el acuerdo, que tiene en vilo a la industria manofacturera nacional. “El gobierno dijo que quiere firmar en diciembre. Ustedes saben lo que es negociar con un plazo fijo, es lo peor que se puede hacer”, agregó Isaías Drajer, presidente de CILFA. Las firmas reclamaron la consolidación del mercado interno permitirá una recuperación de la producción, junto a un incremento de las importaciones. Además, recordaron que el gobierno se comprometió a reglamentar la Ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna, sancionada en 2007 que prevé diversos beneficios impositivos para proyectos de investigación y producción en biotecnología y la creación de un Fondo de Estímulo.

Si bien la intención del gobierno es firmar un acuerdo el mes próximo, como expusieron desde CILFA, funcionarios de la Argentina y Brasil calificaron de “decepcionante” la propuesta que hizo la Unión Europea en el último encuentro realizado en el país vecino. Desde Brasil, el embajador Ronaldo Costa Filho dijo que la oferta, que incluía una cuota con bajos aranceles para 70 mil toneladas de carne de res y 600 mil toneladas de etanol, estaba lejos de lo que los miembros del Mercosur esperaban y hará difícil que se llegue a un acuerdo en diciembre.

Tras 18 años de negociaciones fallidas, la Unión Europea (UE) y el Mercosur se emplazaron la última semana a firmar antes de la Navidad un tratado de libre comercio, pese a las continuas resistencias de los sectores productivos y laborales de los países conosureños. “Hay una ventana de oportunidades que no debemos dejar pasar”, dijo Cecilia Malmström, comisaria de Comercio de la UE, al llegar a una reunión extraordinaria en julio de este año con el nuevo canciller argentino, Jorge Faurie , y sus pares de la región              

Fuente: Mirada Profesional 

martes, 14 de noviembre de 2017

Condena millonaria a una obra social por una mala praxis en un parto

La Justicia ordenó que abone cerca de tres millones y medio de pesos por las lesiones que sufrió una chica de 24 años cuando nació, en 1993.

El fallo que condenó a la obra social fue dictado por la jueza Civil y ComericialA fines de enero de 1993, Yolanda se internó para tener a su bebé. El parto se inició con normalidad, pero una hora después el obstetra decidió utilizar fórceps, un instrumento con forma de tenazas que ayuda a la extracción fetal. La maniobra no resultó y María Virginia nació después de que su mamá fuera sometida a una cesárea. En los meses que siguieron los papás de la beba notaron que no evolucionaba del mismo modo en el que lo habían hecho sus hermanos mayores, y por eso la sometieron a una tomografía que reveló signos de "atrofia cortical y central", es decir, daño neurológico. En 2007, y luego de que varios especialistas coincidieran en que el daño había sido producido por el uso de los fórceps, los padres de María Virginia demandaron a su obra social por el que la joven, que hoy tiene 24 años, sufrió durante el parto. La Justicia falló el mes pasado y condenó a la obra social a pagar cerca de tres millones y medio de pesos.

El nacimiento de María Virginia fue a principios de 1993. Su papá era chofer de colectivos, y por eso la familia estaba afiliada a la Obra Social Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros. Su mamá comenzó a atenderse con un obstetra que formaba parte de una lista cerrada de prestadores de la obra social. Es decir: podía elegir cualquier nombre de esa lista, pero no decidir atenderse con un médico que no figurara en ese listado.

El 27 de enero, Yolanda entró en trabajo de parto a las 4.30. Para las 7 ya había dilatado 8 centímetros y el parto comenzó. Una hora después, María Virginia todavía no había nacido y para que el bebé rotara y descendiera, el obstetra utilizó fórceps altos. Media hora más tarde el mismo médico decidió someter a Yolanda a una cesárea.

La beba nació con parálisis facial y en las horas siguientes fue trasladada a neonatología por algunas complicaciones de salud.

Pero después del alta y de unos meses, sus padres notaron que María Virginia no evolucionaba neurológicamente como sus hermanos. La sometieron a una tomografía en agosto de 1993 y el estudio reveló que tenía "signos de atrofia cortical y central" congruente con una "agresión encefálica temprana". La beba fue sometida entonces a un estudio genético que descartó que esa fuera la causa de los problemas neurológicos.

"Los daños habidos sólo pueden ser consecuencia de la toma incorrecta del fórceps, que produjo lesiones"

"La niña creció con un déficit global en el desarrollo de funciones cognitivas, lenguaje, asociado a un déficit de los mecanismos prefrontales de atención sostenida y control del impulso y estos síntomas afectaron sus aprendizajes escolares", sostuvo un nuevo estudio que le hicieron a María Virginia cuando tenía casi nueve años.

En 2007, los papás de la nena decidieron demandar a la obra social por la mala praxis médica durante el parto.

La causa quedó en manos de la titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 2, Mónica Klebcar, quien debió determinar si los daños neurológicos de María Virginia —que hoy padece dificultades en el lenguaje, problemas de aprendizaje y parálisis facial— había sido o no producto del uso de los forceps durante el parto.

Tras analizar las posturas de distintos peritos médicos, la magistrada concluyó que "los daños habidos sólo pueden ser consecuencia de la toma incorrecta del fórceps, que produjo parálisis facial y lesión cerebral".

Respecto de la responsabilidad de la obra social, remarcó que aunque esta no haya producido materialmente los daños, "debe responder" si son "consecuencia del incumplimiento de una obligación de seguridad asumida para con el paciente".

La jueza entendió que, en base a la posturas de distintos médicos, la incapacidad que presenta María Virginia es del 61,5 por ciento y ordenó un resarcimiento económico y moral tanto para la joven como para sus padres.

Con la sentencia, que fue dictada el mes pasado, la Obra Social Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros deberá abonar, sumando todos los rubros, un monto que, con intereses, ronda los tres millones y medio de pesos, además de accesorias legales y costas del proceso.

Fuente: La Capital

lunes, 13 de noviembre de 2017

Formularon cargos a los médicos que no realizaron un aborto no punible

El caso es de abril de este año. Una joven de Fernández Oro quiso interrumpir un embarazo producto de una violación y los profesionales no realizaron la intervención.

Los dos médicos del hospital cipoleño Pedro Moguillansky que no practicaron un aborto no punible fueron imputados por los fiscales Rita Lucía y Santiago Márquez Gauna, bajo el delito de incumplimiento de funcionario público, tras entender que eludieron sus obligaciones en torno a la ley que prevé esa práctica. La defensa de ambos solicitó el sobreseimiento pero el planteo fue rechazado por la Jueza de Garantías, Sonia Martín.

El pasado 2 de abril una mujer que cursaba un embarazo no deseado, que fue producto de una violación, ingresó al centro de salud cipoleño, derivada desde el hospital de Fernández Oro. Según manifestó la paciente al profesional que la atendió en la guardia, tenía intenciones de interrumpir la gestación en curso y por eso había tomado pastillas para inducir el aborto. Esta decisión ya había sido adelantada por una medica y una profesional de servicio social del hospital orense, cuatro días antes de ingresar a la guardia de Cipolletti.

Al analizar la historia clínica de la joven se determinó que el profesional médico impidió que se realice el aborto aplicándole medicamentos para inhibir las contracciones que estaba teniendo. Esto va en contra de la Ley Provincial 4796, el Decreto Provincial 182/2016 y la Ley Nacional 26.485, según explicaron desde el ministerio Público. Por otra parte, el responsable de la guardia, que sabía sobre la determinación de la mujer, no realizó el aborto.

Desde fiscalía también informaron que la joven orense había llenado la declaración jurada que se prevé para los casos de abuso sexual y que implica que en estas circunstancias el aborto es no punible.

La segunda médica que fue imputada se hizo cargo de la guardia el 3 de abril, pasadas las 9:30. Allí la mujer le explicó que deseaba realizarse un aborto no punible en los términos legales previstos. En este caso la imputación se relaciona con la omisión en realizar las acciones médicas que provoquen el aborto, lo que representa una violación de las reglamentaciones vigentes.

Lucía y Márquez Gauna señalaron que como prueba se cuenta con la historia clínica de la paciente y con casi una decena de testimonios de profesionales de los hospitales de CIpolletti y de Fernández Oro, y mencionaron también informes del Cuerpo Médico Forense de esta ciudad, que avalan la acusación fiscal.

Los imputados declararon negando la acusación y sostuvieron que actuaron para controlar el estado de salud de la paciente, y destacaron que habían consultado a la asesoría legal del ministerio de Salud sobre los pasos a seguir en este caso. Alegaron que les informaron que no debían continuar con el aborto por el estado avanzado de gestación.

La defensa de uno de los médicos pidió que su cliente sea sobreseído, ante lo que desde la fiscalía se opusieron y advirtieron que la formulación de cargos no es el momento jurídico para plantear la desvinculación del profesional en esta causa, ademas de afirmar que no se produjo le prueba necesaria para avalar este pedido. Sonia Martín hizo lugar a lo planteado por la fiscalía y rechazó el pedido de sobreseimiento, dando por formulados los cargos.

Fuente: Río Negro (De Cipoletti)

jueves, 9 de noviembre de 2017

Apuran nueva agencia para frenar ola de juicios contra obras sociales y prepagas

Este año aumentó 30% la cantidad de amparos judiciales que obligan a prestadoras a cubrir servicios fuera del PMO. La Agnet emitirá informes vinculantes para los jueces.

El incesante crecimiento de demandas contra el sistema de riesgos del trabajo no es la única señal de alarma dentro del Gobierno en materia de litigiosidad. La multiplicación de amparos contra las obras sociales sindicales y las prepagas para garantizar la cobertura de tratamientos y medicamentos no incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) es otro de los desafíos que enfrenta la administración de Mauricio Macri y el motivo de la decisión de incluir dentro del proyecto oficial de reforma laboral un capítulo específico para intentar contener lo que en la Casa Rosada interpretan como una nueva industria del juicio en materia de salud.

La preocupación por ese escenario también desvela a los principales caciques sindicales y explica el por qué, a diferencia de otros aspectos polémicos de la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo, la conducción cegetista avala casi sin reparos la creación de la denominada Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet), que figura en el último apartado de la propuesta que el Gobierno prevé enviar en las próximas semanas al Congreso.

 

Los números de la realidad parecen justificar el apuro oficial por la creación del organismo y el respaldo que la iniciativa reúne entre los actores del sistema de salud: Solo entre enero y el 18 de octubre de este año se presentaron ante la justicia 2802 amparos que reclamaron a obras sociales y prepagas cubrir procedimientos, medicamentos o instrumentos médicos no incluidos en el PMO, según el registro que releva la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en base a los informes suministrados por los efectores del seguro de salud. De las 2802 presentaciones, 1668 casos correspondieron a reclamos por motivos generales como medicamentos (335), afiliación (527), cirugías (190), prótesis (71) y problemática prestacional (423), en tanto que los restantes 1134 estuvieron motivados por planteos en materia de discapacidad (prestaciones, transporte, seguridad, afiliación, etc).

Respecto al total de demandas, solo fueron rechazados por los jueces 11 amparos, es decir apenas el 0,4% de las presentaciones iniciadas. El resto de los casos culminaron con fallos que determinaron que obras sociales y prepagas debían asegurar la cobertura de los servicios médicos reclamados, que representaron importantes erogaciones para las cuentas de esas prestadoras. Según estiman entre empresas de medicina privada y prestadoras sindicales, los amparos representan cerca del 15% de sus costos totales, una proporción en ascenso por el incremento de las demandas en la Justicia. Solo en los primeros 10 meses de este año la cantidad de amparos registró una suba de 30,5% respecto de los 2146 amparos presentados en 2016 y un incremento de 52% si se compara con los 1853 iniciados en 2015.

"Ya no se trata de casos de vida o muerte, lo que se está dando es un abuso que pone en riesgo la supervivencia de todo el sistema de salud", advierten en el Gobierno. Un escenario similar prevén en las obras sociales que reclaman "un límite urgente" para evitar mayores complicaciones que perjudiquen la cobertura de prestaciones obligatorias. "Si no se hace algo, el sistema como está no da para más, no es sustentable", alertó un importante sindicalista.

La propuesta de creación de la Agnet apunta a dar una respuesta a esa problemática. Fue incluida en el borrador de la reforma laboral luego que fracasara en el Congreso la sanción de un proyecto específico sobre el tema. En concreto, el organismo propuesto, que será descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud, tendrá la función de analizar y evaluar el impacto económico y social de la incorporación de las tecnologías sanitarias a la cobertura obligatoria y funcionará como órgano de consulta en los procesos judiciales de toda clase en los que se discutan cuestiones de índole sanitaria. Sus decisiones, en ese sentido, serán resueltas por mayoría simple de sus 5 miembros y tendrán carácter vinculante para todos los organismos del Estado nacional y provincial y los jueces que deben resolver los amparos.

Fuente: Cronista Comercial