miércoles, 22 de febrero de 2017

Dengue: hay menos casos, pero no cede la amenaza

Confirman ocho infectados hasta ahora.

Resultado de imagen para dengueEsta misma semana, pero del verano pasado, había casi 5000 personas con síntomas de dengue en las provincias del norte y el centro del país. La cifra, que crecía a diario, incluía 1658 casos confirmados. Esto es, 207 veces más que en las primeras cinco semanas de este año, en las que se confirmaron ocho casos. 

¿Esto quiere decir que pasó el riesgo? No, en absoluto. Y hasta tiene algo de imprevisible: depende de varios factores, como las temperaturas, el crecimiento de la población del mosquito transmisor del virus y el comportamiento de la enfermedad este verano. Su magnitud dependerá de cuándo empiece a crecer el número de casos.

El año pasado, la epidemia -con 41.207 afectados y 11 muertos- comenzó a finales de octubre de 2015 y se prolongó hasta junio. Pero la de 2009 -con 26.923 casos y cinco muertos- empezó a notarse para esta época, con un pico máximo en las dos últimas semanas de abril.

En la epidemia del año pasado, en cambio, hubo tres picos, que coincidieron bastante con el movimiento turístico de enero, febrero y Semana Santa.

"Hacia fines de mes y principios del que viene se empezarán a ver casos de las tres enfermedades [por el dengue, el zika y la fiebre chikungunya]. Pero los datos anticipan que el zika puede ser la más grave este año", explicó ayer Jorge San Juan, director nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud.

Esa información para la proyección incluye la reciente confirmación de 150 casos de zika en la ciudad boliviana de Yacuiba, al pie del cruce cotidiano de la frontera con la Argentina por el puente Salvador Mazza. Además, llama la atención una elevada cantidad de resultados de laboratorio negativos para el virus del dengue entre los casos sospechosos y con los mismos síntomas, por lo que podría tratarse de infecciones por el virus del zika. Los resultados estarían disponibles en los próximos días, según se pudo conocer ayer.

Notificaciones

De acuerdo con la última edición del Boletín de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de la Nación, 20 provincias notificaron 1615 casos de enfermedad por virus transmitidos por mosquitos (arbovirus) al viernes pasado. Se confirmó la sospecha de dengue en ocho casos: el 0,5% de los pacientes. Hay otros 22 probables y se descartaron 461 notificaciones sospechosas.

El año pasado, para esta semana, 13 provincias habían informado 4856 casos y se habían confirmado 1284 en personas sin antecedentes de viajes a otras áreas con circulación del virus (casos autóctonos) y 374 en pacientes que acababan de viajar (casos importados).

"La situación ya es distinta de la del año pasado -dijo San Juan-. Pero esto no quiere decir que no exista riesgo. Necesitamos que la población siga las recomendaciones preventivas, como el descacharrado y la limpieza de las viviendas, y que no se bajen los brazos. Ante los primeros síntomas [fiebre alta, dolor en las extremidades, erupciones en la piel, dolor muscular], hay que consultar al médico y no automedicarse. El peligro no pasó."

Las medidas de prevención se mantienen, mientras que el concepto de "manzana saludable" se impone, si se tienen en cuenta los hábitos urbanos del mosquito Aedes aegypti.

El más importante que debe conocer la comunidad, como explican desde el Grupo de Estudio del Mosquito (GEM) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, es que el Aedes aegypti no se distribuye de manera pareja en todo un territorio. Elige dónde va a vivir, alimentarse y reproducirse. "Existen los hotspots", dice Nicolás Schweigmann, responsable del GEM.

El viernes y el sábado pasados, el grupo recorrió nueve localidades a 30, 60 y 100 kilómetros al sur y al oeste de la ciudad de Buenos Aires. En gomerías, lugares con chatarra apilada o donde había cubiertas en desuso, por ejemplo, el grupo encontró una gran cantidad de mosquitos.

"Fue demasiado fácil recolectar larvas y pupas de Aedes aegypti", cuenta el equipo en el sitio Manzana Saludable de Facebook, donde el GEM brinda información a la comunidad. "Nos sorprendió la cantidad de adultos y hasta recolectamos muchísimos con la mano. Desde el punto de vista vectorial, la situación es muy riesgosa, y si no hubo epidemia (hasta ahora) es porque no igresó el virus tempranamente -afirman los investigadores-. No se ha logrado una verdadera prevención."

La semana pasada, el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba difundió los resultados del monitoreo de la población del mosquito vector del dengue, el zika, la fiebre chikungunya y la fiebre amarilla urbana en la ciudad capital. El relevamiento de enero indica que uno de cada cuatro hogares (25,5%) tiene criaderos, según informó el diario La Voz del Interior. En el área sudoeste de la capital cordobesa, una de cada tres viviendas tiene criaderos (34,2%). Estos dos resultados superan al 23,8% de febrero del año pasado, en plena epidemia.

En la ciudad de Buenos Aires, las autoridades eliminaron del Informe Semanal del Plan de Prevención de las Enfermedades Transmitidas por el Mosquito Aedes aegypti los resultados detallados por comunas del monitoreo de criaderos. Son 218 sensores que el GEM releva dos o tres veces por semana.

LA NACION publicó hace cinco semanas sobre la "explosión poblacional" del Aedes aegypti en todas las comunas porteñas desde la Nochebuena. "Les pedimos a los vecinos que, una vez por semana, dediquen media hora en sus casas a buscar los lugares que podrían ser reservorios para el mosquito", dijo, entonces, la ministra de Salud porteña, Ana María Bou Pérez. A la semana, apareció sólo el número de sensores "positivos".

La ciudad posee la línea gratuita 147 para que los vecinos denuncien posibles criaderos, como coches abandonados, acumulación de chatarra, floreros con agua en los cementerios u obras abandonadas. El 15% de los floreros con agua en el cementerio de la Chacarita, por ejemplo, son criaderos.

Una enfermedad que inquieta 
  • 41.207 son los afectados durante la epidemia de 2016 
  • Entre octubre de 2015 y junio del año pasado, hubo 11 muertes por dengue. La cifra de infectados fue un 35% mayor que en la epidemia de 2009.

Fuente: La Nación

martes, 21 de febrero de 2017

Santa Fe: fallo ordena a mutual a mantener afiliación de menor que requiere intervención quirúrgica urgente

Partes: A. C. c/ Mutual Federada 25 de junio S.P.R. s/ amparo de salud

Mantenimiento de la afiliación del actor y su hijo menor de edad a una mutual que brinda servicios de salud, por requerir el menor una intervención quirúrgica urgente.

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe 
Fecha: 1-nov-2016

Sumario: 

Resultado de imagen para martillo juez1.-Procede rechazar la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad deducido contra la sentencia que ordenó el mantenimiento de la afiliación del actor y su hijo menor de edad a un plan de salud en las condiciones fijadas en forma general para todos los afiliados sin el cobro de diferencial hasta que el incremento sea autorizado por la autoridad de aplicación y en la medida en que ésta lo disponga, pues todo planteo se diluye a poco que se repare que la urgencia de la pretensión respondía a la necesidad de someter al menor a una intervención quirúrgica que no admitía dilaciones, lo cual evidencia que el derecho constitucional involucrado excedía el de asociación al tratarse del derecho a la salud. 

Fallo:

Santa Fe, 1 de noviembre del año 2.016.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Mutual Federada 25 de Junio Sociedad de Protección Recíproca contra la sentencia 39 de fecha 14 de abril de 2015, dictada por la Sala Tercera -Integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario en autos "A., C. contra MUTUAL FEDERADA 25 DE JUNIO S.P.R. -AMPARO POR SALUD- (EXPTE. 15/15)" - (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00510394-8); y,

CONSIDERANDO:

1. Por sentencia 39 del 14.04.2015, el Tribunal -en lo que aquí interesa- confirmó en todos sus términos la sentencia de baja instancia que había hecho lugar a la demanda ordenando el mantenimiento de la afiliación de C. A. y su hija J. G. al plan "2000" en las condiciones fijadas en forma general para todos los afiliados sin el cobro de diferencial hasta que el incremento sea autorizado por la autoridad de aplicación y en la medida en que ésta lo disponga.

Contra dicho pronunciamiento, la accionada interpuso recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3), de la ley 7055.

Tras efectuar una síntesis de los antecedentes relevantes de la causa, expresa que el fallo impugnado adolece de arbitrariedad por haber prescindido de la normativa aplicable al caso.

Como fundamento de tal impugnación, la recurrente -en sustancia- expresa que la sentencia no resuelve cuestiones planteadas incurriendo en incongruencia, decide contra el texto expreso de la ley aplicable, asume el rol de legislador, se sustenta en fundamentos aparentes e incurre en un exceso ritual manifiesto.

En ese orden, se agravia de que el decisorio impugnado no resuelve la falta de legimitación activa de la actora, conculcando el artículo 243 del Código Procesal Civil y Comercial.A este respecto, refiere que la accionante no está asociada a la mutual demandada, sino que tan sólo suscribió una solicitud de ingreso y firmó una declaración jurada de sus antecedentes de salud y los de su hija, aceptando al postularse abonar los valores diferenciales que autorice la autoridad de aplicación de la ley 26682 que es la Superintendencia de Servicios de Salud, por haberse reconocido en el caso la existencia de una enfermedad preexistente.

Califica al acuerdo de arbitrario por no resolver el planteo de cuál es la cuestión a decidir, ya que -entiende- en el marco de la acción de amparo deducida se omitió dirimir si la Mutual incurrió en la conducta prevista por el artículo 17 de la Constitución Provincial al no incorporar como asociada a la actora e hija, solucionándose el caso como si se tratase de un juicio ordinario.

Alega que el fallo incurrió en incongruencia al no mencionar el efecto que la sentencia de baja instancia produce en el punto 2) de la parte dispositiva de la Resolución 1013/2013, que dispuso dar cobertura médica total del tratamiento de referencia, ya que -aduce- el objeto de dicha medida cautelar no lo fue de la presente acción de amparo, por lo que la sentencia de fondo debió cancelar dicha medida y en base a la normativa social de la mutual determinar la forma de reintegro del importe gastado por la Mutual. Añade que dicha omisión afecta su derecho de propiedad.

Le endilga al pronunciamiento utilizar un fundamento aparente al transcribir parcialmente el artículo 7 del decreto reglamentario 1993/2011, pretiriendo la parte que establece un régimen normativo distinto para las mutuales como la demandada que prestan servicios de salud a sus asociados.

Finalmente, se queja de que la Cámara se vale de un argumento aparente en los párrafos décimo y undécimo del punto 2.2. de los considerandos, al citar en el primero de ellos doctrina no aplicable al caso (art.265 del C.P.C.C.N.) en vez de la normativa provincial aplicable (art. 365 del C.P.C.C.) y al no citar la fuente en el caso del segundo párrafo. Agrega que el Judicante asume el papel del legislador al modificar el artículo 10 de la ley 26682 al sostener que la autorización de la autoridad de control no es un requisito indispensable para la admisión de usuarios con enfermedades preexistentes.

2. El Tribunal a quo denegó la concesión del recurso interpuesto mediante auto 171 del 31.08.2015 (fs. 41/43), lo que motivó la queja ante esta Sede (fs. 46/86).

3. Se adelanta que la presente queja no puede tener favorable acogida en esta instancia de excepción.

Ello así, en tanto, no demuestra la recurrente que de la confrontación de los agravios vertidos en el recurso de inconstitucionalidad local con la sentencia venida en revisión aparezcan configurados alguno de los supuestos de arbitrariedad invocados, evidenciando toda la postulación recursiva tan sólo un fuerte disenso -sin sustancia constitucional- en torno al criterio adoptado por la Sala respecto a la interpretación y juzgamiento de las cuestiones puestas a su consideración, el cual más allá de que pueda o no ser compartido por la quejosa, ha sido suficientemente fundado en sólidos argumentos que lo respaldan sin exceder los límites propios de los jueces de la causa al valorar e interpretar la normativa aplicable al caso.

Es que de la lectura del decisorio atacado puede apreciarse que los Sentenciantes analizaron pormenorizadamente cada uno de los agravios expuestos por la compareciente dando respuesta a cada uno de ellos, si bien en un sentido disímil al pretendido por la quejosa.

En efecto:En orden al agravio relativo a las contradicciones entre lo otorgado en la sentencia de amparo y lo pretendido por la actora al demandar, la Alzada fue contundente en cuanto a que no se advertía contradicción alguna entre la pretensión de la accionante de obtener la afiliación y la abstención del cobro de un adicional al valor de la cuota del plan suscripto, con lo ordenado por el Juez de grado al disponer el ".mantenimiento de la afiliación de la Sra. C. A. y de su hija J. G. (.) sin el cobro de diferencial alguno hasta tanto el incremento sea autorizado por la autoridad de aplicación.", señalando al respecto que la expresión "mantenimiento" implicaba necesariamente la existencia de una afiliación, y que ésta independientemente de los términos utilizados, había sido ordenada en la medida cautelar (confirmada por el Tribunal de alzada) oportunamente dispuesta.

En orden a lo expuesto, es de verse que la respuesta dada por los Sentenciantes quita andamiaje a los agravios de la recurrente sustentados en la arbitrariedad de sentencia por incongruencia al otorgar algo diferente a lo peticionado en el objeto de la demanda, dado que tal como sostuvieran los Judicantes, más allá de la construcción gramatical utilizada, lo cierto es que de la lectura de autos surge prístino que la traba de la litis giró en torno a la petición de afiliación de la actora y su hija sin cobro de diferencial y la consecuente negativa de la demandada a prestar los servicios si no se cumplía el pago del importe por ésta impuesto, y la sentencia de amparo confirmó dicha afiliación en las condiciones fijadas en forma general para todos los afiliados y sin el cobro de diferencial hasta tanto el mismo fuera autorizado por la autoridad de aplicación.

Lo expuesto guarda relación directa con el agravio traído ante estos estrados sustentado en la incongruencia de la sentencia por no haber resuelto una cuestión planteada, esto es, la falta de legitimación activa de la actora.

Y en orden a ello igualrespuesta adversa merece la causal de arbitrariedad invocada, por cuanto las mismas transcripciones que efectúa la recurrente de los términos de la demanda y de la contestación, como así mismo de la sentencia del Juez inferior y la de la Alzada conducen indefectiblemente a meritar que lo postulado como "falta de legitimación activa" -por no ser la actora afiliada o "asociada"- constituyó uno de los puntos medulares de la traba de la litis y lo ordenado en la sentencia. Y la Sala, lejos de omitir hacerse cargo de dicho agravio expresamente sostuvo que ".no se advierte una incongruencia en el accionar del Sentenciante al ordenar 'mantener la afiliación' puesto que (.) lo cierto es que la demanda perseguía que se prestara el servicio de salud ya sea admitiendo la afiliación o manteniendo el estado de afiliación que oportunamente había sido ordenado." (cfr. f. 13).

Por otra parte y en orden a los achaques de arbitrariedad que refieren a que el pronunciamiento cuestionado no falla en ninguno de sus considerandos el planteo de la quejosa respecto de cuál era la cuestión a resolver mediante el amparo -sosteniendo que el tratamiento dado a la acción no se sustentó en determinar la supuesta conducta ilegítima o arbitraria que la demandada debía hacer cesar, sino que se trató el amparo como un juicio ordinario-, es de hacer notar que tales planteos que parecen perfilar hipótesis de arbitrariedad en abstracto se diluyen a poco que se repare que la urgencia de la pretensión de la señora A. de efectivizar su afiliación y la de su hija respondía a la necesidad de realizar en la menor una intervención quirúrgica de resección de quiste y anastomosis biliodigestiva que no admitía dilaciones.

A partir de esta premisa, resultaba inevitable tener en cuenta que la hija de la actora era una menor de edad que debía ser intervenida, y dicha circunstancia -que por otra parte conforme consta fue cumplida por la demandada en virtud de lo ordenado mediante cautelar (f.37v.)- pone de manifiesto que el derecho constitucional en juego afectado por la supuesta conducta ilegítima de la demandada excedía el "derecho de asociación" mencionado por la recurrente, involucrando la pretensión de la amparista el "derecho a la salud" de su hija.

Y, en este sentido debe recordarse -siguiendo los lineamientos de la Corte Nacional- que el derecho a la salud está íntimamente relacionado con el de la vida siendo éste el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución nacional. El hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídic o y en tanto fin en sí mismo su persona es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (doctrina de Fallos:323:3229).

En tales condiciones, ha de interpretarse que no puede tacharse de arbitrario el proceder de ambas instancias al haber sido contestes en considerar que el planteo se encarrilaba por la vía pertinente en orden a la urgencia que conllevaba la afiliación de la menor para poder cumplir la prestación prescripta, ya que como ha venido sosteniendo este Tribunal "resulta imperativo a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia que conllevan prestaciones como las presentes, para lo cual deben encauzarse los trámites por vías expeditas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con tutela de orden constitucional" (A. y S. T. 231, pág.381).

Lo expuesto, resulta suficiente para quitar andamiaje a los restantes vicios invocados, ya que los agravios a los que remiten, más allá del intento de la impugnante de encasillarlos en diferentes vicios de arbitrariedad, giran en torno a una única e idéntica cuestión: el pretendido derecho de la actora de obtener la afiliación y prestaciones de la mutual demandada sin el cobro de diferencial hasta tanto la autoridad de aplicación estableciera el monto pertinente.Y frente a ello, la solución adoptada por los Sentenciantes podrá o no satisfacer a la pretendiente pero, en el test de constitucionalidad que corresponde a esta Corte efectuar, no aparece disociada de los cánones de razonabilidad y logicidad que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida.

En tales condiciones, dadas las imputaciones de la recurrente, vistas en su desarrollo, y no obstante la invocada arbitrariedad y lesión a garantías constitucionales, el recurso no pasa de ser la mera manifestación de disconformidad de la parte con la valoración de las circunstancias y actuaciones del "sub lite" que efectuara el Tribunal a quo, cuestiones éstas que han sido resueltas con fundamentos suficientes del mismo orden y que resultan propias del ámbito reservado a los jueces ordinarios de la causa, y como tales ajenas a la órbita del recurso de inconstitucionalidad intentado. Y más allá de su menor o mayor grado de acierto, la conclusión a la que arribó el Sentenciante podrá o no ser compartida, pero en la medida que no se demuestre un manifiesto apartamiento del derecho a la jurisdicción no puede descalificarse por inconstitucional.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la quejosa el depósito efectuado (art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.


FDO.: GUTIÉRREZ - ERBETTA - GASTALDI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)

Fuente: Microjuris

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viernes, 17 de febrero de 2017

Fallo ordena a prepaga a brindar cobertura de cuota de jardín a menor que padece trastorno del lenguaje

Partes: M. G. I. y otro c/ OSDE s/ Ley de discapacidad

La empresa de medicina prepaga debe cubrir el valor de la cuota del jardín del hijo de la actora, dado que es afiliada a la empresa de medicina prepaga y que se acreditó el padecimiento de Trastorno del lenguaje expresivo de su hijo menor y la necesidad de que concurra al establecimiento educativo solicitado.

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata 
Sala/Juzgado: I 
Fecha: 6-dic-2016

Sumario: 

Resultado de imagen para martillo juez1.-Corresponde hacer lugar a la medida cautelar y ordenar a una empresa de medicina prepaga que se haga cargo de cubrir el valor de la cuota del Jardín de Infantes donde el niño concurre por todo el período escolar, sin limitación temporal y mientras dure la discapacidad que acredita el certificado de Discapacidad, pues las repercusiones negativas en su salud psico-física justifica la necesidad de adoptar una solución urgente. 

Fallo:

La Plata, 6 de diciembre de 2016.- Y VISTOS: Este expediente N° FLP 31077/2016/CA1, caratulado: "M.G.I. Y OTRO c/ ORGANIZACION DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS (OSDE) s/LEY DE DISCAPACIDAD", proveniente del Juzgado Federal N° 3 de Lomas de Zamora.

Y CONSIDERANDO QUE:

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal de Alzada en virtud del recurso de apelación deducido por el apoderado de la Organización de Servicios Directos Empresarios, contra la resolución del juez de primera instancia que hizo lugar a la medida cautelar solicitada, y en consecuencia, ordenó a OSDE provea al amparista J.C.M. se haga cargo de cubrir el valor de la cuota del Jardín de Infantes El Jacarandá donde el niño concurre actualmente de lunes a viernes, por todo el período escolar, sin limitación temporal y mientras dure la discapacidad que acredita el certificado de Discapacidad acompañado -al menos hasta que se dicte sentencia firme-(v. fs. 29/ 31 vta. y 67/79 vta. respectivamente).

II. Los agravios de la recurrente son que el juez a quo dictó una medida precautoria que coincide con la pretensión de la parte actora, adelantando de esa manera la sentencia de mérito.

Destaca que para la cobertura de la escolaridad de J.C.M., su mandante procedió con el relevamiento de escuelas públicas verificándose que existía escolaridad estatal adecuada a las características de la discapacidad del menor, no estando justificada entonces la necesidad de que la Obra Social se haga cargo del costo de una escuela privada.

Sostiene que los actores eligieron la escuela El Jacarandá sin ningún tipo de consulta a OSDE y que este establecimiento no es una escuela especial sino de enseñanza común privada.

Por último, manifiesta que no puede considerarse que el recupero de una suma de dinero sea una pretensión que deba tramitar como una acción de amparo.

III. Sentado lo expuesto, corresponde destacar que si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar medios ordinarios instituidos para la solución de las controversias (Fallos:300:1033) y quien solicita tal protección judicial ha de acreditar en debida forma la inoperancia de las vías procesales ordinarias a fin de reparar el perjuicio invocado (conf. Fallos: 274:13, considerando 3°; 283: 335; 300: 1231; disidencia del juez Belluscio en Fallos: 313:1513 y disidencia del juez Maqueda en Fallos: 326:2637), su exclusión por la existencia de otros recursos no puede resultar en una apreciación meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos, más que una ordenación o resguardo de competencias ( Fallos: 299: 358, 417; 305: 307; 307: 444; 327: 2920).

IV. El sub examine exige de la magistratura una solución expedita y efectiva frente a la magnitud de los derechos constitucionales conculcados y la eventual concreción de un daño irreparable; en el caso se encuentra afectada la salud de la accionante (conf. doctrina de la CSJN en Fallos: 324: 2042; 325:3542; 326:970, 1400 y 4981; 327:1444; P. 1425. XL. "Poggi, Santiago Omar y otra c/ Estado Nacional y otra s/ acción de amparo", fallo del 7/12/04; L. 1566. XXXIX.

"López, Miguel Enrique Ricardo c/ Buenos Aires, Provincia de y otro (Estado Nacional) s/ acción de amparo", fallo del 15/03/05; A. 1530. XL. Albarracín, Esther Eulalia c/ Buenos Aires, Provincia de (Minist. de Salud) y otro (Poder Ejecutivo Nacional s/ acción de amparo", fallo del 14/12/04, E.D. 24 05 05 (supl.), nro. 248.; entre otros).

Como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (Fallos:315:2956; 316:2855 y 2860; 317:243 y 581; 318:30 y 532; 323:1877 y 324:2042).

Por otro lado, los recaudos para la procedencia genérica de las medidas precautorias previstos por el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se hallan de tal modo relacionados que a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigentes en la gravedad e inminencia del daño, y viceversa, cuando existe el riesgo de un daño de extrema gravedad e irreparable, el rigor acerca del fumus se puede atenuar.

Dentro de aquéllas, la innovativa es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia al apreciar los recaudos que hacen a su admisibilidad (Fallos: 325:2347; E. 366. XXXVIII. "Energía Mendoza S.E. c/ AFIP- DGI y Ots. s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad", fallo del 30/09/03).

En tal sentido, es de la esencia de la medida cautelar innovativa enfocar sus proyecciones en tanto dure el litigio sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas medidas precautorias se encuentran enderezadas a evitar la producción de situaciones que podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva (Fallos: 325:2367).

V. Por ello, frente a la naturaleza de los derechos comprometidos y la urgencia invocada, resulta razonable y lógico la identidad entre el objeto de la demanda y la medida precautoria, lo que no resulta un obstáculo para su concesión en este caso.

En tal sentido, el derecho a la vida ha sido considerado reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional (Fallos: 302:1284, 310:112; R.638.XL., 16/05/06 - "R., N.N.c/ INSSJP s/ amparo"). También ha dicho que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo más allá de su naturaleza trascendente, su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos: 316:479, votos concurrentes).

A partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Ley Suprema), la Corte ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud comprendido dentro del derecho a la vida y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (Fallos: 321:1684 y 323:1339).

VI. En ese marco, la Ley N° 23.661 instituyó el sistema nacional de salud, con los alcances de un seguro social, a efectos de asegurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica. Con tal finalidad, dicho seguro ha sido organizado dentro del marco de una concepción "integradora" del sector sanitario, en el que la autoridad pública reafirme su papel de conducción general del sistema y las sociedades intermedias consoliden "su participación en la gestión directa de las acciones" (art. 1). Su objetivo fundamental es "proveer al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación.". Asimismo, "se consideran agentes del seguro a las obras sociales nacionales, cualquiera sea su naturaleza o denominación, las obras sociales de otras jurisdicciones y demás entidades que adhieran al sistema que se constituye." (art. 2).

VII.Debe tenerse en cuenta, además, la condición de persona con discapacidad del menor, acreditada en autos con el certificado pertinente. En su mérito, halla amparo en las disposiciones de la ley 24.901 de protección integral de las personas con discapacidad en tanto, como expresó la Corte Suprema de Justicia ".ello obliga también a asegurarle los tratamientos médicos en la medida en que no puedan afrontarlos las personas de quienes dependa o los entes de la obra social a los que esté afiliado. Mediante dicha ley se creó un sistema de prestaciones básicas "de atención integral a favor de las personas con discapacidad" y se ha dejado a cargo de las obras sociales comprendidas en la ley 23.660 la obligatoriedad de su cobertura (arts. 1 y 2)" (Fallos: 323:3229, en cita, del dictamen del señor Procurador Fiscal).

VIII. En el caso, resulta comprobado que la actora es afiliada a OSDE así como el padecimiento de Trastorno del lenguaje expresivo de su hijo menor y la necesidad de que el hijo de los accionantes concurra al establecimiento educativo solicitado. ( v. fs. 2, 4, 7, 8, 9 y 10).

En tal sentido, la médica de cabecera del niño señala: "que se recomienda asistencia en horario completo; y por las características del Jardín y de J.C.M. se recomienda Complejo Educativo El Jacarandá".

Sentado lo expuesto, corresponde destacar que este Tribunal ya ha resuelto que cuando se está ante esta particular clase de padecimientos en la salud, no resulta antojadiza la pretensión de los actores de requerir a la demandada la cobertura del establecimiento educativo elegido, sino mas bien fundada en los mejores beneficios que éste puede brindar en la formación escolar e integral del niño. (conf. ésta Sala en Expte. FLP 57037978/CA1 "P.M.R. Y OTROS c/ OSDE s/ AMPARO LEY 16.986", fallo del 7 de abril de 2016.

Asimismo, la situación de discapacidad del menor y las repercusiones negativas en su salud psico-física que provoca la situación descripta, justifica la necesidad de adoptar una soluci ón urgente, en lugar de supeditarla a los tiempos que pueda demandar la culminación del proceso como asimismo, el cumplimiento de la medida cautelar.

Por ello, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y los derechos humanos en pugna, reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales que la conforman, corresponde confirmar lo decidido por el juez a quo.

IX. Por ello, en orden a las consideraciones que anteceden, el Tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR la resolución apelada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fuente: Microjuris

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

jueves, 16 de febrero de 2017

Santiago del Estero suscribió a la Cobertura Universal de Salud

El ministro de Salud de la provincia Dr. Luis Martínez y su par nacional, Dr. Jorge Lemus, firmaron la pasada semana en la sede del Ministerio de Salud de la Nación, el convenio.

Santiago suscribió a la Cobertura Universal de Salud.El convenio marco firmado por los representantes tanto de la provincia como de la nación en materia de salud, será para desarrollar acciones conjuntas y coordinadas con el fin de poner en marcha la Cobertura Universal de Salud (CUS) en la provincia.

“Con la adhesión de Santiago del Estero ya son 12 las provincias que se suman a esta estrategia sanitaria que es la columna vertebral de las reformas y una de las políticas sustantivas del Ministerio de Salud de la Nación”, destacó Lemus quien agregó que “este es un paso más hacia delante, hay que seguir trabajando”.

Por su parte, el ministro Luis Martínez afirmó que la decisión de adherir a la CUS se tomó “pensando en aquellas personas que no tienen la posibilidad de otro seguro social y que están en una situación de vulnerabilidad por lo cual nosotros tenemos que darle cobertura tanto en atención como en medicamentos”.

Martínez explicó que con la Cobertura Universal de Salud se articularán todos los programas nacionales y provinciales y que alcanzará fundamentalmente a la población de la provincia que hoy no tiene obra social ni prepaga.

“El beneficio es que trabajaremos más articuladamente, vamos a poder optimizar un padrón de las personas que van a estar dentro de esta cobertura de salud y un sistema informático con el que en tiempo y en forma podremos tener los datos necesarios para tomar decisiones”.

A través de la CUS, las personas que no tengan una cobertura formal de salud contarán con un carnet válido para todo el país, histórica clínica digitalizada y el acceso gratuito a los medicamentos esenciales.

De acuerdo al convenio firmado, el Ministerio de Salud de la Nación se compromete a brindar asistencia técnica y financiera para la ejecución de la CUS a través de los programas nacionales.

Fuente: El Liberal