lunes, 27 de marzo de 2017

Obligación de la obra social de brindar cobertura para la cirugía bariátrica y prestaciones que indicaron los médicos tratantes

Partes: A. C. E. c/ Obra Social de Petroleros s/ amparo Ley 16.986

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario
Sala/Juzgado: A
Fecha: 30-nov-2016

Sumario:

Resultado de imagen para cirugia bariatrica1.-Corresponde confirmar la resolución por la que se hizo lugar a la acción de amparo interpuesta y se condenó a la Obra Social a otorgar la cobertura de cirugía bariátrica y prestaciones que en consecuencia indicaron los médicos tratantes en el marco del tratamiento conducente a corregir el diagnóstico de obesidad mórbida desde que la actora no reclama una protección judicial sumarísima para remediar un problema estético sino que lo hace para enfrentar, quirúrgicamente, una enfermedad que le provoca trastornos psicológicos y emocionales y está en juego el derecho a la salud.

Fallo:

Rosario, 30 de noviembre de 2016.- Visto en Acuerdo de la Sala “A” el expediente Nº FRO 30444/2015 caratulado “A., C. E. c/ OBRA SOCIAL DE PETROLEROS s/AMPARO LEY 16.986”, (originario del Juzgado Federal de la ciudad de Rafaela), del que resulta, El Dr. Fernando Lorenzo Barbará dijo:
1.- Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fojas 152/159 por la demandada contra la Resolución de fecha 29 de diciembre de 2015, que hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por C. E. A. y, en consecuencia, ordenó a la Obra Social de Petroleros que le otorgue la cobertura de cirugía bariátrica y de las siguientes prestaciones: una consulta con un terapeuta físico y anestesiólogo; internación de 48hs. en habitación privada con derecho de quirófano, anestesia general y de 3hs. de ocupación, con más honorarios del equipo “Centro Ambulatorio Rafaela de Obesidad” e insumos a abonarse dentro de las 48hs. de efectuada la cirugía en la Clínica Parra de la ciudad de Rafaela y tratamiento postoperatorio hasta el otorgamiento del alta definitiva, reparaciones por exceso de colgajos y todo tratamiento conducente a corregir el diagnóstico de “obesidad mórbida”, todas ellas indicadas por los profesionales tratantes, con costas a la vencida (fojas 144/150vta.).
Concedido el recurso a fojas 163 y contestados los agravios (fs. 167/171vta.), fueron elevados los autos a fojas 177, disponiéndose la intervención de la Sala “A” y ordenándose el pase al Acuerdo, por lo que quedaron a estudio (fs.179).
2.- Agravia a la recurrente que el sentenciante haya otorgado la cobertura de by pass gástrico cuando no se acreditó en autos haberse cumplido con los requisitos exigidos por el decreto (sic) 742/09, destacando que no consideró que OSPE no se niega a brindar la cobertura médico prestacional que solicitó la afiliada sino que exige el cumplimiento de la normativa vigente.
Destaca que el a quo dio por acreditados dichos requisitos, en base a información de profesionales que no pertenecen a la red contratada por OSPE, por lo que su negativa es fundada ya que se le ofreció a la afiliada ir al prestador CESAN para corroborar si se encontraba o no apta para realizar el tratamiento en cuestión, sin que hasta la fecha se haya presentado.
Sostiene, puntualmente, que de la historia clínica de la paciente surge que no ha cumplimentado respecto al seguimiento multidisciplinario para el descenso de peso durante al menos 24 meses, debidamente documentado. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.
Asimismo se agravia de la sentencia por ser amplia e inexacta al dar lugar a un sinnúmero de prestaciones que su parte no se encuentra obligada a brindar, como lo es la cirugía de colgajos, la que -dice- no es una cirugía reparadora sino estética y por lo tanto no se encuentra en el Programa Médico Obligatorio.
Finalmente se queja de la imposición de costas a su parte, solicitando se impongan a la actora o, en su defecto, por su orden.Mantienen el caso federal.
Y CONSIDERANDO:
1.- Luego de haberme impuesto de los agravios de la impugnante tanto como de la sentencia apelada, las constancias de autos y las previsiones normativas que se consideró aplicables, entiendo que aquéllos se circunscriben a que no se encontrarían cumplidos los requisitos exigidos por la Resolución Nº 742/09, toda vez que la prestación solicitada -cirugía bariátrica- ha sido otorgada a partir de información de profesionales que no pertenecen a la red contratada por OSPE.
A este respecto debe indicarse que la apelante no invocó que esa solución le provoque algún daño.
Sus alegaciones sobre que cumple las obligaciones a su cargo con la modalidad de un sistema cerrado de prestadores propios no pasan de una mera disconformidad con la sentencia, pero carece de todo dato objetivo sobre los perjuicios que le ocasionaría cubrir la cirugía con un equipo médico de la ciudad de Rafaela que no forme parte de sus prestadores habituales. En efecto, nada se ha acompañado para valorar que esa circunstancia desarticule el plan de salud que ejecuta o le ocasione una erogación de una magnitud tal que lleve a cuestionar seria y fundadamente el costo de la cirugía realizada por el equipo médico del Centro Ambulatorio Rafaela de Obesidad.
La demandada solamente refirió que cuenta con un equipo médico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CESAN) para el tratamiento de la patología que padece la actora y si bien lo ofreció, ese argumento por sí sólo no alcanza para conmover la sentencia. Por lo demás el decisorio en revisión también se fundamenta en otras pruebas que ya fueron analizadas por el a quo, en términos que comparto.
En este sentido la recurrente apuntaló sus argumentos con un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta (“Pojaghi, Emilio R.c/ Asociación mutual del personal jerárquico de bancos oficiales”), mas no encuentro la similitud de un caso con otro como para tener al de extraña jurisdicción como precedente orientador en el nuestro. Esto por cuanto en aquél se trató de un niño de diecisiete (17) años, mientras que la actora en estos autos, es una persona mayor que tiene cuarenta y dos (42) años.
Tampoco sabemos cuál era el índice corporal del menor cuando requirió la cirugía, mientras que en nuestro caso sería en la actualidad superior a los 42,5kgrs/m2 (fojas 14).
2.- Respecto al cuestionamiento de la demandada conforme al cual la reticencia prestacional -brindar la cirugía de colgajos destacando que no es una cirugía reparadora sino estética- encuentra sustento en el PMO, se ha destacado, en apreciaciones que hago mías y por ello las cito: “El Estado Nacional ha definido el Programa Médico Obligatorio señalando que constituye un conjunto de servicios de carácter obligatorio como piso prestacional por debajo del cual ninguna persona debería ubicarse en ningún contexto (considerando 3º de la Resolución 939/2000). Destaca además que debe quedar garantizado el mecanismo para la actualización del PMO en virtud del carácter dinámico del conocimiento científico, estableciendo una metodología de análisis para la incorporación de tecnologías que asegure la probada eficacia de todo procedimiento diagnóstico o terapeútico a financiar por la Seguridad Social (considerando 8º de la Resolución mencionada). Y por último, que los Agentes del Seguro son responsables de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud de sus beneficiarios y no meros financiadores de las prestaciones (considerando 9º de la Resolución 939/2000). De este modo el propio Estado Nacional ha caracterizado el programa implementado:a) constituye un piso básico de prestaciones; b) es mutable y se nutre de las nuevas técnicas y c) tiene un fin integral que supera el mero sufragio económico de la práctica médica” (C.F.A.L.P. Sala III, en: “C., M.J. c/ Unión del Personal Civil de la Nación”, 04 de diciembre de 2007, el subrayado es de mi autoría).
Asimismo debe tenerse en cuenta que la CSJN en el precedente de Fallos 326:4931, “Asociación de esclerosis múltiple de Salta”, consideró inconstitucional la modificación introducida al PMO que redujo a porcentajes menores la cobertura del ciento por ciento que hasta entonces ofrecía, mientras que en “Reynoso, Nilda Noemí” (Fallos 329:1638) extendió a un ciento por ciento la prestación que el citado plan imponía en un cuarenta por ciento.
Consecuentemente en casos como el presente, donde la actora no reclama una protección judicial sumarísima para remediar un problema estético sino que lo hace para enfrentar, quirúrgicamente, una enfermedad que le provoca trastornos psicológicos y emocionales por la obesidad mórbida que padece, resultan acertadas las consideraciones vertidas por el a quo toda vez que está en juego el derecho a la salud de la amparista y no se encuentra controvertida la patología que padece.
3.- Finalmente la recurrente se agravió de que se le cargaran las costas. Señaló que se le impusieron aplicando el principio objetivo de la derrota, pero que las constancias de autos habilitaban la vía de excepción.
Sobre este punto debe señalarse que la conducta de la obra social anterior a la promoción del pleito y aun posterior a la notificación de la demanda, no se ajustó a las normas de las leyes Nros. 23.660, 23.661, 26.396 y resolución 742/2009, de modo que no resulta procedente dispensarla de las costas.
Respecto de las generadas en esta instancia, atento al resultado arribado, se han de imponer también a la apelante perdidosa (art. 68 del CPCCN y art. 14 ley 16.986).
Es mi voto.
La Dra. Eleonora Pelozzi adhiere al voto que antecede.
Por lo expuesto, SE RESUELVE:
1.- Confirmar la Resolución de fecha 29 de diciembre de 2015 obrante a fojas 144/150vta., con costas a la apelante vencida. 2.- Regular los honorarios profesionales en el 25% de lo que se fije en primera instancia. 3.- Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por la Acordada nº 15/13 de la C.S.J.N. y oportunamente devuélvanse los autos al Juzgado de origen. No participa del Acuerdo el Dr. Carlos F.
Carrillo por haber cesado en sus funciones (Ac. 84/2016).
FERNANDO LORENZO
JUEZ DE CAMARA
BARBARÁ ELEONORA PELOZZI
JUEZA DE CAMARA (Subrogante)
Ante mi Raquel Bolzico

Secretaria de Cámara

Fuente: Microjuris

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

miércoles, 22 de marzo de 2017

Fallo contra el PAMI por daño moral

Partes: C. J. c/ PAMI s/ daños y perjuicios

El daño moral sufrido por la muerte de un padre se tiene por acreditado por la sola comisión de las conductas antijurídicas -se prueba in re ipsa- y se sustenta en el art. 1078 del CCiv.

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal 
Sala/Juzgado: I 
Fecha: 8-sep-2016

Sumario:

1-Corresponde elevar el monto por daño moral otorgado a un hijo por la muerte de su padre, debido al dolor que ha percibido como el abandono asistencial de su padre enfermo, la indiferencia y el desinterés médico, la frustración de toda chance de sobrevida y el tránsito del padre por un proceso de deterioro y sufrimiento que hubiera podido aliviarse o revertirse. 

Fallo:

En Buenos Aires, a los 8 días del mes de septiembre de 2016, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado, el Juez Ricardo Víctor Guarinoni, dijo:

1. - A fs. 631/636 luce la sentencia del Juez de la anterior instancia, que decide hacer lugar parcialmente a la demanda, condenando solidariamente al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y a Desarrollos en Salud S.A. (tercero citado) a abonar al actor la suma de $ 15.000, con más los intereses impuestos en el considerando 5 y las costas del juicio, inherentes a la reparación de los daños y perjuicios -moral y psicológico- derivados de la muerte de su padre por la deficiente práctica médica del demandado y del citado como tercero.

2. - Tal decisión fue apelada por el actor, quien expresó agravios a fs. 663/666, los que fueron respondidos por el Instituto a fs. 668/669.

3. - Los agravios de C. se refieren al monto indemnizatorio que fijó el a quo por la suma de $ 15.000 a fin de resarcir el daño moral y el psicológico, al que considera reducido. Señala que en el escrito inicial reclamó por cada uno de ellos la cantidad de $ 125.000, haciendo un total de 250.000.

4.- Conforme a la línea jurisprudencial del Tribunal, las alteraciones de índole psíquica no constituyen, en principio, una categoría autónoma con relación al daño material o moral, pues la incapacidad afecta al ser humano como unidad personal, si bien puede proyectar su influencia a través de consecuencias que repercuten tanto en una u otra esfera, ya sea por la pérdida de ventajas de índole económica (esta Sala, causa n° 2765/98 del 31/10/00, entre otras), o por los padecimientos morales que puede producir en el sujeto (esta Sala, causa n° 3309/98 del 14/3/00). Si el daño psíquico se refleja en una mayor perturbación de la vida laboral o de relación, frecuentemente es compensado a través de un incremento de la "incapacidad sobreviniente" o, como ha sido examinado en otros precedentes, el resarcimiento se resuelve a través de la admisión de una suma destinada a cubrir gastos futuros de rehabilitación psicológica (esta Sala, causa n° 5306/00 del 8/6/04).

Ahora bien: el concepto fue reclamado en el escrito inicial pero no pudo ser probado por el aquí accionante. Ello, pues no ofreció prueba psicológica a fin de demostrar que la incapacidad que alega hubiese tenido consecuencias en la esfera patrimonial o que hubiese sido necesario un tratamiento psicológico.

En este expediente, el señor Juez de primera instancia ha comprendido este rubro en el cálculo del daño moral del actor y su criterio no puede sino compartirse.

5. - Precisamente, en autos, el demandante se agravia por considerar exiguo el resarcimiento del daño moral, que el señor juez a-quo ha fijado en $ 15.000, teniendo en cuenta los penosos sufrimientos y menoscabos espirituales, la horrible muerte de su padre, víctima de negligencia, desatención y abandono por parte de las demandadas.

En cuanto a las quejas vertidas en relación al quantum fijado en concepto de daño moral, sabido es que se trata de un concepto que procura compensar el perjuicio sufrido en valores espirituales:la paz, la tranquilidad de espíritu, la preservación de los afectos familiares. Su reparación tiene carácter resarcitorio y no sancionatorio, pues se procura establecer una compensación que, en alguna medida, morigere los efectos del daño moral sufrido (Zavala de González, M., "Cuánto por daño moral", La Ley 1998-E-1057). En estos autos se discute el dolor de un hijo por lo que ha percibido como el abandono asistencial de su padre enfermo, la indiferencia y el desinterés médico, la frustración de toda chance de sobrevida y el tránsito del padre por un proceso de deterioro y sufrimiento que hubiera podido aliviarse o revertirse. Además, tengo en cuenta las edades tanto de Salvador como de J. C., como así también la condición de médico de éste. En estos autos, considero que el daño moral sufrido por J. C. por la muerte de su padre se tiene por acreditado por la sola comisión de las conductas antijurídicas -se prueba in re ipsa- y se sustenta en el artículo 1078 del Código Civil. En tal contexto, son fundados los agravios del actor y propiciaré elevar el monto del daño moral a la suma de $ 30.000.

6. - Por lo expuesto, propongo confirmar la sentencia apelada, salvo con relación al monto del daño moral que se eleva a la suma de $ 30.000, con costas a la demandada de conformidad con el principio general del vencimiento objetivo (art. 70, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto de acuerdo con Digesto Jurídico Argentino).

El doctor Francisco de las Carreras adhiere al voto que antecede.

En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, salvo con relación al monto del daño moral que se eleva a la suma de $ 30.000, con costas a la demandada de conformidad con el principio general del vencimiento objetivo (art. 70, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, DJA).

La doctora María Susana Najurieta no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 14 de la Acordada 34/77 CSJN).

Regístrese, notifíquese y pasen los autos a resolver la materia de honorarios.

Ricardo Víctor Guarinoni

Francisco de las Carreras

Fuente: Microjuris

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lunes, 20 de marzo de 2017

Se ordena a prepaga a mantener afiliación y cuota

Partes: R. M. R., R. H. c/ Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación s/ incumplimiento de prestación de obra social

La empresa de medicina prepaga debe mantener la afiliación del actor en el plan y cuota convenidos.

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal 
Sala/Juzgado: de Feria 
Fecha: 24-ene-2017

Sumario: 

Resultado de imagen para martillo juez1.-Corresponde mantener la afiliación del actor en la empresa de medicina prepaga y en atención a la subsistencia de la relación jurídica habida entre las partes a partir del contrato inicial conlleva a cumplir con el plan de cobertura a los valores convenidos, ordenando a la demandada que se ajuste a ellos.

2.-Las cláusulas que facultan a las empresas de medicina prepaga a disponer la baja del afiliado, sin intimación previa de pago bajo apercibimiento de rescisión son abusivas por ser desproporcionadas en relación con las consecuencias, habida cuenta de que no contemplan la posibilidad de que el consumidor sea advertido y ajuste su conducta al pleno conocimiento de las consecuencias de sus actos, por ello debe otorgarse un breve plazo que permita la regularización del afiliado. 

Fallo:

Buenos Aires, 24 de enero de 2017.

AUTOS Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por el actor a fs. 26/27 contra la resolución de fs. 24/25, y CONSIDERANDO:

1. El señor Juez hizo lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenó a la obra social demandada arbitrar los medios necesarios a fin de que el accionante mantenga su afiliación al plan 110, efectuando los debidos aportes, hasta tanto se dicte sentencia. Asimismo, el magistrado decidió que no correspondía emitir juicio sobre la cuestión vinculada al aumento del valor de la cuota, por considerar que la determinación de si la baja de la afiliación había sido ilegítima excedía el limitado marco de conocimiento del trámite cautelar.

Este pronunciamiento se encuentra apelado por el peticionario (letrado en causa propia), quien -en lo sustancial- sostiene que si bien se otorga la medida cautelar en forma aparente, al dejarse librado al arbitrio de la accionada la determinación de la eventual suma a fijarse como contraprestación del servicio de medicina prepaga -situación de hecho idéntica a la denunciada y que motivara el inició de la acción, se niega -en definitiva- la petición cautelar solicitada.

A ello agrega que ante un hipotético caso en el que se le quiera cobrar una determinada cantidad de dinero, tal vez le resulta más conveniente irse a otra prepaga.

En los términos en los cuales la cuestión se encuentra planteada, se debe puntualizar que es adecuado recordar que la actuación del Tribunal de Feria corresponde sólo en forma excepcional para asuntos que no admiten demora (art. 4 del Reglamento para la Justicia Nacional), y cuando la falta de un resguardo o de una medida especial, en un momento determinado, pueda causar un mal irreparable por el transcurso del tiempo hasta la reanudación de la actividad judicial ordinaria (conf.esta Cámara, Sala de Feria, causas 21.248/96 del 7.1.97; 27.042/94, 4608/94 y 17.617/96 del 16.1.97; 22.512/96 del 23.1.97; 20.588/96 del 24.1.97; 4352/99 del 25.1.00; 10.396/00 del 4.1.01 y 8797 del 21.7.01 -y sus citas-, entre otras).

En tales condiciones, y habida cuenta de que los agravios vertidos se refieren a los alcances del derecho a la salud del accionante reconocidos en la decisión apelada, corresponde la habilitación de la Feria para resolver el recurso.

Ello sentado, se debe poner de manifiesto que -según se expone en el escrito de inicio- el actor se encontraba afiliado al plan ACCORD Salud 110 de la accionada, abonando sus facturas por débito automático de su tarjeta de crédito y que, por un problema de rechazo del sistema, se produjo un atraso en sus pagos, adeudándose -al mes de junio de 2016- las facturas correspondientes a noviembre de 2015 y abril de 2016.

Señala el actor que la deuda fue cancelada el 30 de junio pero que, de todos modos, fue dado de baja porque -según le informaron- el pago "NO HABÍA TENIDO IMPACTO" a tiempo (ver fs. 15). Manifiesta que no obstante ello, le comunicaron que podía re-afiliarse abonando los nuevos aranceles.

Finalmente, también cuestiona que se le haya aplicado un aumento en razón de su edad, destacando que pasó de la categoría "titular de 41 a 50 años" (cuyo monto asciende a $ 1054), a la de "titular de 51 a 60 años", cuyo importe alcanza la suma de $ 1212,01.

En dichas circunstancias, se debe precisar que el marco regulatorio de las Empresas de Medicina Prepaga se encuentra establecido en la ley 26.682 (promulgada el 16 de mayo de 2011), cuyo art.9 establece la posibilidad de rescisión -en lo aquí interesa- cuando el usuario incurra, como mínimo, en la falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas, debiendo comunicarse en forma fehaciente la constitución en mora e intimarse a la regularización dentro del término de diez días.

En consecuencia, y si bien la demandada le manifestó al actor que las cuotas adeudadas serían 3 -puesto que el pago de la correspondiente a junio de 2016 también habría sido rechazada (ver fs. 8 y 9)-, tampoco sería de aplicación la hipótesis prevista en la referida norma, al no tratarse de cuotas consecutivas.

A ello cabe agregar que esta Cámara ha resuelto anteriormente que este tipo de cláusulas que facultan a las demandadas a disponer la baja del afiliado, sin intimación previa de pago bajo apercibimiento de rescisión son abusivas por ser desproporcionadas en relación con las consecuencias, habida cuenta de que no contemplan la posibilidad de que el consumidor sea advertido y ajuste su conducta al pleno conocimiento de las consecuencias de sus actos, señalándose también que debe otorgarse un breve plazo que permita la regularización del afiliado (conf. Sala 1, causas 4765/08 del 20.9.12, 4088/12 del 17.4.13, 4408/14 del 13.8.15, entre otras).

Sobre la base de lo expuesto, la Sala comprarte el criterio del Juez de primera instancia en cuanto a la configuración de la verosimilitud del derecho y del peligro en la demora, teniendo en cuenta -respecto de este último- que esta Cámara ha reconocido que en los casos en que se cuestionan decisiones relacionadas con la salud de las personas, resulta suficiente para tenerlo por acreditado, a la incertidumbre y la preocupación que ellas generan (conf.Sala 1, causas 6655/98 del 7.5.99, 436/99 del 8.6.99, 7208/98 del 4.11.99, 1830/99 del 2.12.99, 1056/99 del 16.12.99 y 7841/99 del 7.2.00; en ese sentido, ver Fassi-Yáñez, "Código Procesal comentado", t. 1, pág. 48 y sus citas de la nota nº 13 y Podetti, "Tratado de las medidas cautelares", pág. 77, nº 19).

Sin embargo, discrepa en lo concerniente al modo en que se confirió la medida. Ello es así pues, tal como lo señala el apelante en su recurso (ver fs. 27), mantener la afiliación sin consideración alguna al valor de la cuota equivale a neutralizar, en los hechos, la providencia cautelar.

En atención a ello y a que la subsistencia de la relación jurídica habida entre las partes a partir del contrato inicial conlleva a cumplir con el plan de cobertura a los valores convenidos, corresponde que la afiliación que se ordena se ajuste a ellos.

Por lo expuesto, SE RESUELVE: admitir la apelación y precisar que el valor de la cuota deberá adecuarse a los términos y condiciones oportunamente acordados entre las partes.

ASÍ SE DECIDE.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo Graciela Medina Ricardo G. Recondo

Fuente: Microjuris

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

jueves, 16 de marzo de 2017

La ANMAT prohibió productos alimenticios y cosméticos

Las restricciones fueron comunicadas este jueves en el Boletín Oficial.

Con la firma de seis disposiciones, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) estableció la prohibición del uso y comercialización de decenas de productos alimenticios y cosméticos por distintas irregularidades detectadas.

A través de la Disposición 2506/207, la ANMAT prohibió la comercialización del producto "Miel Artesanal" de la marca El Pana. Según se indica en los fundamentos del texto, el artículo "carece de autorizaciones de establecimiento y de producto y estar falsamente rotulado al consignar números de registros que no le corresponden, resultando ser un producto ilegal". "Por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio", se explica.

Con la Disposición 2505/2017, la autoridad regulatoria estableció la prohibición del producto "Alimento a base de miel y jarabe de maíz", de la marca Las Marías. Luego de un procedimiento realizado en la Ciudad de Buenos Aires, se consignó que el número de RNPA no corresponde a los vigentes, que el envase declara en forma incorrecta e incompleta la información nutricional y que, además, emplea "vocablos e ilustraciones que inducen al error, equivoco, confusión o engaño al consumidor en relación con la verdadera naturaleza del producto". 

A través de la Disposición 2503/2017, se prohibieron cuatro productos y, por otra parte, se instruyó un sumario sanitario a las dos empresas comercializadoras, High Care y Dapharma. "Se trata de productos ilegítimos que fueron comercializados por las empresas titulares, pero no fueron elaborados en los establecimiento declarados ante la autoridad sanitaria", reza el texto.

"Difieren en las características de rotulado respecto de las unidades legítimas y se desconoce quiénes son sus elaboradores y si han sido formulados de acuerdo a los lineamientos de la normativa vigente para productos cosméticos", añade.

Los artículos son los siguientes:

— HIGHCLOR – HIGH CARE formulada en jabón líquido, Cont. Neto 250 ml, Industria Argentina, Jabón líquido antibacteriano con digluconato de Clorhexidina LOTE: 0390

— CLORHEXIDINA BUCAL sin sabor p/buches, 250 ml, Leg: 2488, LOTE: 0998, VTO: 06/2018

— DAMPHARMA la salud en tus manos – Jabón líquido con Clorhexidina 4 High Care, Cont. Neto 250 ml, Industria Argentina, L: 6388 – V: 05/18

— HIGH CARE Alcohol en Gel 70 %, formulado con alcohol de cereal, Cont. Neto 250 ml, Industria Argentina, Lote 2287 – vto: 10/2018

La Disposición 2504/2017 marcó la prohibición del uso y la comercialización de los siguientes productos cosméticos. El segundo artículo ordena instruir un sumario administrativo a la firma importadora Beauty Trade Consulting S.R.L.

— KLAPP A Classic Hydrogel Eye Patches, 5 x 2 unidades, codificado con las siglas CH: 141113, KLAPP Cosmetics GmbH KLAPP-Alle 1-5 DE-37235 Hessisch Lichtenau, Made in Germany.

— KLAPP A Classic Hydrogel Face Mask x 3 pieces, codificado con las siglas CH: 140416, KLAPP Cosmetics GmbH 37235 Hessisch Lichtenau, Germany.

En el marco de una inspección, se describe en los argumentos, el presidente de la firma "manifestó que los productos no cuentan con inscripción sanitaria y que fueron ingresadas al país por su cuenta aproximadamente 15 unidades de cada producto, obviando en consecuencia el trámite de autorización de importación por parte de esta ANMAT". Y detalla que "declaró haberlos entregado a la responsable de la farmacia sin una finalidad comercial".

Con la Disposición 2501/17, la ANMAT prohibió decenas de productos cosméticos y también ordenó instruir un sumario sanitario a la firma RAFFINÉE, encargada del envasado y acondicionado de las presentaciones.

La mayoría de estos productos "carecen de inscripción ante esta Administración Nacional, se desconoce quiénes fueron sus elaboradores o sus importadores (ítems A y B), se desconocen los respectivos responsables de su comercialización y si fueron formulados con ingredientes y bajo concentraciones permitidas de acuerdo a los lineamientos de la normativa vigente al respecto", dice el texto.

—Flash Botox Capilar, Acido Hialuronico + Protein, Industria Brasileira, Contenido neto 130 c.c.

— evans Forte, escova progressiva com queratina e vitaminas, Keratin Restore, Industria Brasileira.

— Keratina 100 %, mantiene el alisado por 30 días, nutre-reconstruye la fibra capilar-reafirma un brillo duradero, sin enjuague, Industria Argentina.

— Milenium ProfessionaI Gel Fijación Intensa, fija-estructura y define, Cont. Neto 1000 ml, Ind. Argentina

—bellsui 10 v, Cont. Neto 1000, Industria Argentina

—bellsui 40 v, Cont. Neto 1000, Industria Argentina

—Laureth Profesional Aceite para masajes NEUTRO, Cont. Neto 500 ml, Industria Argentina

—Laureth Profesional Sedante Muscular, Extractos de Guarana, Cafeína y Alcanfor, Cont. Neto 1000 g, Industria Argentina

—Laureth Profesional Exfoliante corporal, Aloe Vera – Semillas de Frutos – Soja y Extractos Bitaminicos, Cont. Neto 1000 g, Industria Argentina

—Laureth Profesional Gel Post Depilatorio Descongestivo, Manzanilla – Caléndula y Tilo, Cont. Neto 1000 g, Industria Argentina,

—Laureth Profesional Crema Manos y Cuerpo, Miel – Glicerina – Avena y Vitaminas A, E y B1, Cont. Neto 1000 g, Industria Argentina

—Laureth Profesional Gel Criógeno Modelador Polar, Centella asiática-Mentol y Algas, Cont. Neto 1000 g, Industria Argentina

—Raffinée imaginación y color – Quitaesmalte Oleoso (liquido color amarillo).

Por último, la Disposición 2502/2017 se ocupa de establecer la prohibición preventiva del uso y comercialización en todo el territorio nacional de todos los productos de la firma Amasutra. Por otro lado, se ordena instruir un sumario sanitario a la compañía.

La propia dueña de la firma, Magdalena Ávalos, reconoció que la empresa "carece de la pertinente habilitación competente para realizar las actividades de elaboración, envasado y acondicionado de productos cosméticos ante esta Autoridad Sanitaria". Además, afirmó "que los productos no se encuentran inscriptos ante esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)".

Fuente: Infobae